Las alternativas se oponen a un proyecto para el autocultivo de cannabis
En un reciente desarrollo legislativo, se presentó una propuesta que ha generado un debate significativo en la comunidad. La votación en contra de los libertarios Danny Vargas, Francisco Nicolás y Alejandra Larios, así como del público Daniel Vargas, resultó en el rechazo del registro de 24,176. Este registro pretendía abrir la puerta al tratamiento mediante la autocultivación del cannabis, una cuestión que siempre ha sido debatida y polémica.
La iniciativa fue impulsada por el legislador Ariel Robles, quien forma parte del Frente Amplio, en febrero de 2024. Esta propuesta tenía como objetivo la autorización del cultivo doméstico de la planta cannabis con el propósito de uso personal. En concreto, se contemplaba permitir a los adultos legalmente emancipados la posibilidad de cultivar hasta un máximo de 20 plantas femeninas. Esto representaba un avance significativo hacia la legalización de la autocultivación, algo que muchos defensores han estado reclamando desde hace tiempo.
Sin embargo, solo Rocío Alfaro y la subdirectora general independiente, Johana Obando, apoyaron la iniciativa durante la votación. La propuesta, a pesar del rechazo mayoritario, busca ahora un camino para volver a ser considerada en futuras sesiones legislativas.
Uno de los propósitos fundamentales del sistema propuesto es la reducción del mercado ilegal de cannabis y la promoción de políticas más enfocadas en la salud pública. La legislación planteaba devolver el control a los usuarios, quienes a menudo se ven atrapados en un mercado nefasto y potencialmente peligroso. «Es crucial que el estado permita la autocultivación; esto protege no solo la salud de los usuarios, sino también sus derechos humanos y su seguridad, al proporcionar una alternativa legal para obtener esta planta, alejándolos del suministro farmacéutico ilegal», declaró el diputado Robles.
Los miembros del Frente Amplio han argumentado de manera constante que la prohibición del cultivo de cannabis es obsoleta y perjudicial para la sociedad costarricense. Este argumento se basa en el artículo 58 de la ley sobre narcóticos y drogas psicotrópicas, que si bien mantiene restricciones, también deja espacios de ambigüedad en cuanto a sanciones para aquellos que cultivan para uso personal.
Además, dentro del proyecto de ley, se establece que quienes excedan el límite de las 20 plantas permitidas podrían enfrentarse a sanciones económicas, con multas que van desde un salario básico hasta cinco. Esto resalta el esfuerzo del legislador por garantizar un marco regulatorio que, si bien busca proteger, también penaliza el abuso del sistema.
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