Veto OIJ Gobierno: Evaluación del proyecto denegado

El ministro de planificación, Rodrigo Chaves, junto con Marta Esquivel, ha alertado sobre la posible introducción de un proyecto de ley que afectaría a la jubilación anticipada del Defensor del Pueblo, específicamente al personal del Poder Judicial (OIJ). Este proyecto propone la rescisión del fondo de pensiones judicial, lo que generaría un gran impacto en la seguridad financiera de los jubilados que dependen de este sistema.

En sus declaraciones, Chaves manifestó que «para la tranquilidad de muchos, este gobierno está trabajando arduamente para solucionar los problemas derivados de la actual sesión legislativa. Si la ley es considerada adecuada, ya tenemos una proposta para presentar un proyecto que rescinda el fondo de pensiones del poder judicial, buscando también la calma de los funcionarios para permitir que contribuyan al fondo de pensiones para IVM.»

Este enfoque significa que los afiliados pasarían a estar bajo el esquema de incapacidad, vejez y muerte (IVM), que es fundamental para garantizar su estabilidad en el futuro.

El presidente Chaves también criticó enérgicamente la decisión adjunta de aceptar la iniciativa, argumentando que esta no aclara de dónde se obtendrán los fondos necesarios para sustentar estas jubilaciones. Además, se dirigió a los funcionarios del Poder Judicial, advirtiéndoles que esta pensión podría ser eliminada para ciertos grupos.

El martes, el Presidente aprobó la ley discutida en la Asamblea Legislativa, que establece una reducción en la edad de jubilación para el Tribunal de Defensor del Pueblo de la Justicia (OIJ), permitiendo que algunos funcionarios puedan retirarse a los 55 años, lo que podría tener consecuencias significativas en la operatividad de la institución.

Esta propuesta fue originalmente planteada en 2021 por Donoulescu, quien se desempeña como Adjunto CEO, y ha sido respaldada durante el proceso por la libertad de la diputada Alejandra Larios. En el contexto de la votación, el 22 de abril, 40 suplentes fueron aprobados, aunque ese dictamen enfrentó una votación en contra.

Un grupo de legisladores ha manifestado su intención de buscar votos para restaurar estas leyes que son cruciales para los intereses de la administración de justicia.

Las razones

El gobierno aprovechó una conferencia de prensa el miércoles para explicar las razones que han impulsado este veto contra el proyecto de ley en cuestión. Marta Esquivel subrayó que la estructura de gobernanza original planteada violaría el Artículo 33 de la constitución política, provocando una desigualdad entre los funcionarios policiales y los del poder judicial. También señaló que el Fondo de Pensiones Judiciales ha estado en crisis desde 2017, lo que obligó a realizar modificaciones necesarias para garantizar su sostenibilidad.

Ambos, el presidente Rodrigo Chaves y Esquivel, coinciden en que estas reformas son imprescindibles para preservar la sostenibilidad lograda por los cambios implementados en 2017. En este sentido, Randall Zúñiga, director del OIJ, defendió la viabilidad del fondo, citando un informe actuarial reciente que muestra una solvencia del 97%. «Esto es notablemente mejor que en la época en que EH fue elegido, cuando la solvencia era apenas del 84%,» precisó Zúñiga.

Además, indicó que el rendimiento de los activos del fondo ha mejorado significativamente, destacando que los servidores públicos actuales, al momento de su jubilación, dejan de representar una carga en términos de discapacidad, viajes y fallecimientos, y continúan haciendo sus contribuciones al fondo.

Van a ir

Asimismo, el gobierno argumentó que esta medida permitiría que los funcionarios elegibles para pensión, que han acumulado una amplia experiencia en la agencia del OIJ, se mantengan en sus posiciones. Según Zúñiga, «tendrá un impacto negativo en la organización, indicando que los funcionarios más experimentados podrían dejar el OIJ, lo que sería particularmente problemático en casos penales y en contextos de pandillas organizadas.»

Desde 2018, cerca de 300 especialistas han sido advertidos, lo que genera inquietud sobre la inacción ante la falta de personal con experiencia. Finalmente, Chaves ejemplificó que cuando el Fondo de Pensiones Judiciales no es sostenible, su financiamiento recae sobre el presupuesto nacional.

“Estos beneficios son respaldados por el costo rico, ya que el poder judicial no tiene una fuente de ingresos propia. Se financia a partir de lo que los costarricenses producen. Es completamente falso pensar que el OIJ es quien hace la contribución. El día que surjan problemas con los antecedentes, todos los salarios de los costarricenses se verán afectados», concluyó Nogui Acosta, ministro de finanzas.

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