Se impuso una condena al exsenador colombiano en relación con el caso Odebrecht.

Bogotá, 7 de abril (Latin Press) — La sala de casos penales de la Corte Suprema de Justicia en Colombia ha realizado un anuncio importante hoy al confirmar parcialmente la condena impuesta al excongresista Antonio Guerra. Esta condena está relacionada con sus intentos ilegales de favorecer a la compañía multinacional Odebretch, un caso que ha acaparado la atención pública debido a la magnitud de la corrupción involucrada.

De acuerdo con la declaración emitida por esta prestigiosa institución judicial, el exsenador fue declarado culpable por incurrir en delitos graves. En particular, Guerra fue condenado por ser un agente agravante en un concierto para delinquir, así como por su participación en el tráfico de influencias y el enriquecimiento ilícito, aunque se le absolvió del soborno que se le imputaba por su propia defensa.

Este caso llegó a la corte tras las apelaciones presentadas por los abogados de los condenados, quienes argumentaron en favor de su cliente, según reporta la fuente. En la resolución del recurso, la Corte mantuvo la condena por los delitos de enriquecimiento ilegal y tráfico de influencias, mientras desestimó el cargo de concierto para delinquir, imponiendo finalmente una pena de prisión que asciende a 11 años y cinco meses.

Como consecuencia de esta decisión, el excongresista deberá cumplir con la condena, y la sala de la Corte se ha comprometido a colaborar con las autoridades competentes para asegurar que la captura de Guerra se lleve a cabo de manera efectiva.

La Corte Suprema ha declarado que Antonio Guerra no solo facilitó los esfuerzos ilegales que permitieron a Odebretch obtener beneficios, sino que además actuó en su interés, afectando la legalidad del sistema tributario del país. En la sentencia, se señala que el condenado utilizó su posición privilegiada como miembro del Congreso para recibir dinero a cambio de su intervención en un contrato de estabilidad legal. Estas acciones llevaron a un aumento injustificado de su patrimonio, lo que es inaceptable para la ética pública según el criterio de la Corte.

Es importante resaltar que el acusado formó parte del partido Cambio Radical, uno de los principales grupos políticos en Colombia, donde sirvió como senador desde el año 2006 hasta 2018. Su carrera política y su posterior condena reflejan los problemas más amplios de corrupción que han afectado al país en las últimas décadas, destacando la necesidad de un sistema judicial robusto que actúe con firmeza contra los actos de corrupción.