Se afirma que el diputado recurre a Savage en relación a la reforma de las pensiones.
La oficial adjunta del fallo, Pilar Cisneros, expresó su descontento tras la decisión reciente que afecta a la reforma constitucional. Esta reforma se había planteado como una medida para permitir el establecimiento de un referéndum sobre las pensiones, especialmente aquellas que son catalogadas como «de lujo».
Dentro de este contexto, se llevó a cabo una modificación del artículo 105 de la constitución política, conocida comúnmente como «Deceto». El propósito de esta modificación era que los ciudadanos tuvieran voz y voto en la decisión de eliminar o mantener estas pensiones que muchos consideran excesivas.
Sin embargo, a pesar de la iniciativa, el Observador indicó que hubo una desafortunada negativa que impidió que el proyecto avanzara como se esperaba.
El pasado miércoles, se completó el proceso legislativo con la tercera lectura del documento y la votación sobre la acción que habilitaba la creación de un comité legislativo. Este comité tenía la responsabilidad de analizar el proyecto y ofrecer recomendaciones al Parlamento sobre si debían continuar con la iniciativa o no.
Lamentablemente, la propuesta solo recibió 16 votos a favor, en comparación con 25 en contra, lo que resultó en su rechazo definitivo.
El presidente interino del Parlamento, Carlos Felipe García, quien también sirve como secretario de la Legislatura, comentó que «la lista va al archivo», refiriéndose a la muerte de la propuesta en el proceso legislativo.
El apoyo al fallo vino mayormente de los partidos Pusc y Nueva República, mientras que la oposición vino de PLN, Frente Amplio, PLP y suplentes independientes.
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Cisneros, jefa del partido gobernante, durante la sesión legislativa. Ella fue la responsable de presentar estas reformas constitucionales para permitir un referéndum sobre pensiones. (Archivo / Asamblea Legislativa)
Un monto millonario
Pilar Cisneros argumentó que, al rechazar el avance de esta reforma constitucional, se está «robando» un impresionante monto de 265,000 millones. Según sus palabras, «Si estuviéramos de acuerdo con la constitución y la ley (donde todos somos iguales ante la ley), no debería existir una pensión de lujo. Nunca debería haber una».
La legisladora destacó que el costo que representa este tipo de pensiones asciende a 265 mil millones anuales, lo que debería ser invertido en áreas críticas como carreteras, educación, seguridad y becas, en lugar de ser destinado a pensiones que, en su opinión, no hacen justicia a quienes realmente necesitan apoyo.
Durante una discusión posterior a una votación relacionada con la obtención de fondos para la construcción o reparación de puentes, Cisneros tomó la oportunidad para reiterar su punto de vista. Mencionó que no es justificable mantener tales montos destinados a personas que no los han ganado durante su vida laboral, mientras que esos fondos podrían ser usados de manera más efectiva para mejorar la infraestructura del país.
Ahora, tras la votación final, es evidente que las reformas que fueron discutidas y anunciadas en abril de 2023 han quedado en un estado de inacción dentro del proceso legislativo.
