¿Renunciará a la privacidad o optará por un retiro? «No tengo miedo de ser investigado», afirma el CEO oficial.
El subdirector público, Alexander Barrantes, ha enfrentado severas acusaciones después de que la oficina del Fiscal General rechazara su defensa en un caso relacionado con el delito de soborno inapropiado. Esta decisión se produce tras una solicitud de la Corte Suprema, que ha demandado que se levante la inmunidad legislativa de Barrantes para avanzar en el proceso judicial.
Las acusaciones concretas indican que Barrantes supuestamente hizo un llamado a las embajadas internacionales para ayudar a Sofía Guillén, del partido Frente Amplio, a cambio de apoyo en forma de votos para la aprobación de legislaciones euros.
Este polémico asunto se remonta a noviembre de 2022, época en la que igualmente Sofía Guillén condenó las acciones en el Parlamento. La denuncia formal del Ministro de Justicia se reveló en enero de este año. Posteriormente, el tribunal envió una solicitud oficial al Parlamento el miércoles pasado.
En un comunicado de prensa, Barrantes expresó su malestar, afirmando que era evidente que había sido objeto de un ataque infundado, donde aseguró haber recibido una insinuación de un nombramiento diplomático o algún tipo de puesto público a cambio de votos. «Tal afirmación no solo es errónea, sino que también atenta contra mi honor», mencionó el subdirector.
A pesar de las crecientes críticas, Barrantes evitó hacer declaraciones claras sobre si planeaba renunciar a su inmunidad o si solicitaría ser sometido a juicio. Durante una consulta con un reportero sobre esta materia, sus respuestas no parecieron arrojar luz sobre su intención.
«Reconozco la necesidad de respetar el proceso legal, pero no deseo que el contexto judicial se utilice como un vehículo político o mediático al inicio de un ciclo electoral. Quiero asegurarme de que cualquier investigación que se lleve a cabo se realice bajo los principios de legitimidad», advirtió Barrantes.
Al reiterar su posición, Barrantes subrayó que «no teme ser investigado». Aseguró que se encontraba comprometido con su derecho a mantener una carrera política limpia y solicitó que los procedimientos judiciales no se convirtieran en una herramienta de persecución política.
Siga más: El tribunal solicita levantar la inmunidad para el subdirector público, Alexander Barrantes, por invitar a la embajada a Sofía Guillén
Alexander Barrantes, del partido gobernante.
Negociar, proponer …
En su declaración, Barrantes enfatizó la importancia de su papel como legislador, subrayando su responsabilidad en la búsqueda de negociaciones y la construcción de puentes entre diversas partes interesadas. «Los acuerdos políticos, que son un rasgo fundamental de una democracia activa, no deberían confundirse con actividades ilegales. Mi labor incluye el cumplimiento, la propuesta de soluciones, y el establecimiento de dialogo constructivo para abordar los problemas y fomentar la solidaridad», indicó Barrantes.
El 9 de noviembre de 2022, durante una sesión del Parlamento, el viceplovero de Guillén expuso públicamente la supuesta oferta que Barrantes le había hecho en un intento de intercambio de votos. «Al iniciar esta sesión, el diputado Alexander me ofreció cargos y embajadas a cambio de euros. Me dejó en estado de shock y, a la vez, me ofendió, ya que la gente merece saber la verdad y no callar sobre estas prácticas», declaró el funcionario.
Este escándalo llevó a una investigación formal, que culminó con la acusación del Ministro de Justicia y con la determinación de la Corte Suprema de solicitar el levantamiento de la inmunidad de Barrantes ante el Parlamento.
Con la formalización de esta solicitud judicial, el proceso ahora depende de si el legislador renuncia a su inmunidad o si el Parlamento decide revocarla, lo que permitiría que se desarrollen pruebas en la corte.
«De acuerdo con la legislación vigente y las normativas del Parlamento, esto debería dar inicio a un proceso que discuta sobre el levantamiento de la inmunidad del subdirector, en relación a la acusación de soborno inapropiado», concluyó el ministerio público en su comunicado.
