Randall Zúñiga Reello y el derecho de veto del gobierno

Randall Zúñiga, el director del Instituto de Investigación Judicial (OIJ), ha respondido a las acciones del Gobierno de la República en relación a un veto establecido con el proyecto de ley, que tiene como objetivo otorgar a los agentes de pensiones la posibilidad de retirarse a los 55 años tras haber prestado 30 años de servicio. Esta situación ha despertado un importante debate sobre la viabilidad de dicho proyecto.

En una jornada marcada por la actividad legislativa, Marta Esquivel, ministra de planificación, y Alejandro Barrantes, viceministro del Presidente, llegaron a la Asamblea Legislativa con el fin de presentar el veto. Este trámite es crucial, ya que se requiere un mínimo de 38 votos para poder proceder con la aprobación del mismo, lo que añade un nivel de complejidad al proceso.

Zúñiga destacó que, en la discusión previa, el proyecto de ley había obtenido 40 votos a favor, lo que le otorga esperanzas de que se alcance el mismo nivel de apoyo ahora que se presenta para el registro. Reiteró la importancia de la colaboración y el respaldo continuo por parte de los diputados en esta nueva fase del proceso.

«Esperaríamos que en el mismo período se considere el proyecto de ley y que todo se realice conforme a los procesos establecidos, donde los diputados sigan mostrando su apoyo a esta iniciativa», comentó Zúñiga en una declaración emitida el martes por la noche.

Diferencia

El Gobierno argumenta que las pensiones propuestas podrían ser insostenibles, según un informe del comité de pensiones del poder judicial. Sin embargo, Zúñiga aclaró que, según un informe actuarial reciente, la solvencia del fondo se sitúa en un 97%, lo que representa una mejora considerable en comparación a los datos de hace algunos años.

«Es crucial señalar que, cuando se realizaron las elecciones para definir la situación de los fondos, había una solvencia del 84%. Esta cifra se extrae de un estudio actuarial realizado en 2020, que fue el último en su categoría», especificó Zúñiga, subrayando la evolución positiva de la situación actual.

Además, Zúñiga defendió que los beneficios actuales para los agentes del OIJ son significativamente más altos, llegando a citar ejemplos donde estos empleados ganan hasta tres veces más que otros servidores públicos.

«Es fundamental mencionar que todos los servidores públicos que se jubilan actualmente tienden a dejar de lado aspectos como discapacidad, viajes y mortalidad, lo que a menudo les impide disfrutar plenamente de su pensión. En el caso de nuestros funcionarios judiciales, al retirarse, siguen contribuyendo con un 13% al fondo de pensiones», indicó Zúñiga.

Es importante señalar que el veto que fue enviado al Congreso esta tarde tiene una extensión de 319 páginas, dentro de las cuales se incluye una evaluación actuarial sobre el Fondo de Jubilación y Pensiones del Judiciario para el año 2024.

Defender al público

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, había señalado previamente que tenía intenciones de vetar la ley una vez que lograra su aprobación. Su argumento principal es que esta iniciativa podría perjudicar al público, ya que limita las oportunidades de pensión para quienes se jubilan a los 55 años. De esta forma, se propuso una comparación entre los diferentes perfiles de agentes de policía que atienden cada uno de los casos.

«Las condiciones a las que se enfrentan estos agentes son más peligrosas que las que encontramos en la policía de la corte. Ellos deben lidiar con situaciones difíciles y mantener un alto nivel de carga física, como sucede con Maynor Martínez, un oficial de policía que ha dejado el cuerpo recientemente», señaló Chaves.

En respuesta a estas observaciones, Zúñiga argumentó que la carga de trabajo de los agentes del OIJ es comparable a la de otras fuerzas policiales, y añadió que suelen trabajar alrededor de 3,000 horas al año, mientras que otros agentes apenas alcanzan las 2,000 a 2,244 horas en promedio.

Desde el ejecutivo, se defiende el veto con la premisa de que esto podría llevar a:

• Violaciones del concepto de igualdad ante la ley.
• Daños a los principios de técnica razonable y de consenso.
• Infracciones al principio de sostenibilidad financiera.

Este proyecto fue presentado inicialmente por el subdirector general Dragos Dolanescu en el año 2021 y fue respaldado por la diputada Alejandra Larios, quien lo llevó a la palestra durante el período constitucional actual.

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