Offense to El Salvador’s Dignity
San Salvador, 13 de abril (Latin Press) En la actualidad, la cuestión de la dignidad y la soberanía de El Salvador está siendo ampliamente debatida, originada por la sorprendente propuesta de Erik Prince, un empresario militar estadounidense que busca transformar el país en un depósito de personas indeseadas provenientes de Estados Unidos. Esta propuesta ha levantado una ola de controversia y cuestionamiento sobre las verdaderas intenciones detrás de ella.
El ex jefe de Blackwater ha presentado una propuesta innovadora a la Casa Blanca que implica la transferencia de decenas de miles de prisioneros desde los Estados Unidos al Centro de Bloqueo de Terrorismo (CECOT). El concepto de esta transferencia parece estar enmarcado en un esquema de privatización que plantea serios interrogantes sobre la soberanía del país en cuestión.
El analista en relaciones internacionales, Ricardo Valencia, ha expuesto que el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, ha hecho énfasis en las condiciones del CECOT, destacando que esta situación se ha convertido en un asunto político. Esta dinámica se ha visto intensificada por la estrategia de Donald Trump, quien utiliza a Bukele como un recipiente para deshacerse de elementos que no son bienvenidos en su propio territorio, aun cuando no tengan antecedentes criminales. «Para Washington, el presidente Bukele representa a una figura dispuesta a asumir la carga de hacer el trabajo sucio que no puede realizar dentro de los límites de los Estados Unidos», añadió Valencia.
La iniciativa de Prince, que trae a la mente los oscuros recuerdos de violaciones de derechos humanos en Irak por parte de su compañía, Blackwater, ha propuesto la creación de una «área estadounidense» dentro del CECOT que podría albergar hasta 100,000 prisioneros. Esto se plantea bajo la justificación de un esquema de privatización y asignación de soberanía, como reveló el diario salvadoreño El Mundo.
Según el mismo comunicado, el plan militar tiene la intención de facilitar la transferencia de prisioneros considerados «delincuentes ilegales» desde los centros penitenciarios en Estados Unidos hacia el CECOT, el cual es mencionado como un régimen de máxima seguridad en El Salvador. La propuesta incluye una cláusula que busca contornear los obstáculos legales que tradicionalmente acompañan a las deportaciones convencionales, ampliando la capacidad para operar fuera del continente, como se detalla en la publicación local.
Además, El Mundo ha informado que el plan planteado por Prince y su empresa 2USV, recientemente registrada en Wyoming, sugiere que Washington podría adquirir una parte de la prisión salvadoreña para establecer un área operativa que cumpla con sus propios estándares, eludiendo así las regulaciones del sistema penitenciario federal y de inmigración. Esta estructura se alquilaría a El Salvador para su administración dentro de un marco de colaboración bilateral.
Recientemente, se ha dado a conocer que Gustavo Villatoro, Ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, ha manifiesto su apoyo al plan en una carta fechada el 13 de marzo, en la que reconoce a Prince como ‘agente comercial’ para negociar el uso de las prisiones salvadoreñas para albergar a criminales extranjeros.
El documento indica que la prisión es capaz de recibir «hasta 40,000 delincuentes de inmediato», con la posibilidad de expansión hasta alcanzar los 100,000. Además, el contrato permitirá a 2USV gestionar los reclusos, colaborar con los fiscales y negociar reducciones de sentencias a cambio de órdenes de deportación, lo que ha suscitado temores entre los salvadoreños sobre la posible derogación de la soberanía nacional bajo esta iniciativa.
Por otra parte, se ha señalado que la Casa Blanca aún no ha confirmado oficialmente su disposición para aceptar el acuerdo, pero hay antecedentes de que la administración Trump ya ha deportado a cientos de migrantes, principalmente de Venezuela, hacia El Salvador, basándose en una interpretación de la ley de extranjeros enemigos de 1798, lo que ha encontrado suertes legales de oposición.
El enfoque de Prince, con esta propuesta, parece orientado a la obtención de contratos multimillonarios y a la privatización de partes del sistema penitenciario, un movimiento que, según ex funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional, podría abrir la puerta a la deportación incluso de ciudadanos estadounidenses, lo que añade un grado de incertidumbre y preocupación a la situación.
