México refuta las afirmaciones relacionadas con el delito de desaparición.
En una declaración enérgica emitida el 5 de abril, el Gobierno de México ha manifestado su firme desacuerdo con las afirmaciones realizadas por los miembros del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas (CED). Este comité ha mencionado la supuesta existencia de prácticas de crimen estatal que han contribuido a la problemática de las desapariciones forzadas en el país. Sin embargo, las autoridades mexicanas sostienen que el gobierno no ha concedido permiso ni ha promovido situaciones que lleven a la desaparición de personas como parte de una política estatal.
Han enfatizado que «el gobierno mexicano no consiente en ningún caso la desaparición de ciudadanos como un componente de políticas a nivel estatal». En este contexto, tanto los secretarios de Relaciones Exteriores como del Interior han reafirmado su compromiso por un país que respete de manera inquebrantable los derechos humanos, además de trabajar activamente en la prevención y atención de las causas que generan la violencia que ha propiciado el aumento de desapariciones en el país. En la nota informativa que fue emitida, se subrayó la disposición del gobierno a establecer medidas contundentes para atacar esta grave problemática social.
Además, las autoridades destacan que México ha mantenido una cooperación estrecha y continua con el CED en su papel como parte de la Convención Internacional destinada a la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. En este sentido, se mencionó que, al final de la sesión 28, el CED comunicó su intención de remitir una solicitud específica al estado mexicano sobre la situación actual de desapariciones en el país, basándose en lo estipulado en el Artículo 34 de dicha Convención.
El Comité ha estado llevando a cabo un proceso de diálogo desde el año 2014, lo que indica un esfuerzo sostenido para abordar esta problemática, con un enfoque en el intercambio constructivo de información. Las autoridades mexicanas han informado que, una vez que se reciba la solicitud, se analizará cuidadosamente para compartir las acciones y programas que se han implementado a nivel nacional para hacer frente a esta compleja crisis.
Asimismo, se mencionó que México seguirá cumpliendo con las solicitudes de información formuladas por el comité, mediante acciones urgentes, comunicaciones individuales y la presentación de informes periódicos que contengan datos fiables sobre el estado actual del fenómeno de las desapariciones en el país. «Toda esta información ha sido debidamente presentada a la Oficina de México del Alto Comisionado de Derechos Humanos, a través de un documento diplomático, así como al Comité de Desaparición de la ONU», se puntualizó en la comunicación oficial.
Recientemente, en el mes pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la implementación de nuevas medidas y envió propuestas de reformas al Congreso con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta del estado ante el alarmante problema de personas desaparecidas. «Esto constituye un delito grave que debe ser atendido y sancionado adecuadamente; por lo tanto, actuaremos estricto conforme a la ley, utilizando toda la fuerza del estado», afirmó, resaltando la importancia de que cada instancia de autoridad (estatal, municipal, federal y judicial) asuma su responsabilidad en este sentido.
