La mayoría de los venezolanos deportados a El Salvador sin antecedentes.
San Salvador, 8 de mayo (Latin Press) Un reciente informe de la organización Chrysal revela que un asombroso 90 por ciento de los venezolanos deportados por Estados Unidos hacia El Salvador no contaba con antecedentes penales. Este hallazgo ha generado un gran revuelo entre defensores de derechos humanos y organizaciones internacionales que buscan comprender las razones detrás de la migración de estos individuos hacia los Estados Unidos.
La investigación, llevada a cabo por esta ONG sin fines de lucro que se dedica a la defensa de los derechos humanos principalmente en temas de violencia y migración en América Central, ha arrojado información crucial sobre las circunstancias que llevaron a estos ahora prisioneros a emigrar a territorio estadounidense. De acuerdo con los resultados de las entrevistas realizadas a un 60 por ciento de los familiares de los deportados, solo un 9 por ciento de los venezolanos deportados a El Salvador afirmó haber huido de un enjuiciamiento político en su país de origen.
El estudio en cuestión se basa en la recopilación de datos de los familiares de al menos 147 individuos que han enfrentado deportación desde el 15 de marzo, en el contexto de un acuerdo entre los gobiernos de El Salvador y Estados Unidos. Este acuerdo considera a las personas deportadas por la administración Trump como presuntos delincuentes, lo que ha suscitado una serie de interrogantes y críticas sobre la aplicación de justicia y la defensa de los derechos humanos.
Washington, por su parte, ha presentado acusaciones sin evidencia concluyente, sugiriendo que dichos deportados podrían estar vinculados a la organización conocida como trenes Aragua, la cual ha sido catalogada como terrorista por la Casa Blanca. Estos vínculos, por supuesto, se han puesto en tela de juicio, pues muchos afirmaron que su única razón para emigrar no estaba relacionada con la criminalidad, sino con las abrumadoras condiciones económicas y sociales que enfrentan en su país.
De los consultados en la investigación, un 78 por ciento mencionó que su motivación principal para buscar una vida mejor en el norte era de índole económica, mientras que un 35 por ciento señaló la violencia social como otro factor determinante en su decisión de emigrar. Es relevante destacar que el 77 por ciento de los encuestados afirma haber tenido empleo antes de la deportación y que un 41 por ciento poseía algún tipo de protección migratoria en Estados Unidos que les otorgaba esperanza y una base para construir un nuevo futuro.
