La escasa inversión pública provoca una descomposición social en Costa Rica.
San José, 8 de abril (DNP). «¡Sal, es la policía!» … «Esta mañana, el cuerpo de un joven, padre de una familia, fue asesinado, asesinado por el ajuste de la cuenta». Este tipo de titulares puede leerse a diario y se han convertido en la nueva normalidad en la vida de los costarricenses. «Según el INEC, hubo un aumento del 142% en el número de adolescentes entre 15 y 17 años involucrados en eventos violentos en 2023». La alarmante situación nos enfrenta a una dura realidad que va más allá de la inquietud ciudadana.
La información constante sobre la creciente disolución social presente en el país conduce a una sensación de desasosiego. Esta situación se ve reflejada en una crisis educativa, una creciente inseguridad y la falta de confianza en las instituciones. Aparentemente, los costarricenses se están habituando a una nueva forma de vida, donde las prioridades del presupuesto nacional han cambiado drásticamente. Ya no son los escolares y sus familias quienes reciben la atención; se ha desviado la inversión pública hacia el pago de la deuda externa.
Leiner Vargas, economista del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (CINPE) de la Universidad Nacional (ONU), comentó en un programa de televisión que esta caída social significativa es el resultado de políticas inadecuadas. Según Vargas, el compromiso del gobierno en reducir la deuda financiera actual debería conjugarse con la creación de una deuda social a medio y largo plazo. «Existen alternativas viables para mejorar la situación fiscal; una opción sería garantizar una recaudación tributaria eficiente, evitando la evasión y elusión fiscal», añadió.
En función de esta problemática, se generó un debate durante la presentación del II Informe sobre Proyecciones Macroeconómicas 2024 y del estado actual del gasto social en Costa Rica, organizado por el CINPE. En este evento participaron Marco Otoya, director e investigador, y Paulina Ramírez, delegada del país con relación a la situación nacional.
La inversión social debe concebirse como la asignación estratégica de recursos, tanto financieros como no financieros, para abordar problemáticas sociales, ambientales y económicas. De esta manera, el estado costarricense necesita incrementar su financiamiento en programas orientados a apoyar a poblaciones vulnerables o para fomentar la inclusión social, incluyendo sectores clave como la educación, la seguridad social y la salud pública.
El II Informe de Proyecciones Macroeconómicas mostró que el gasto público social representaba el 24.2% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2020, disminuyendo en 2021 al 23.4% y bajando aún más en 2022 hasta alcanzar el 21.2%. «En el estudio realizado el año pasado, observamos que la cifra de gastos en inversión social es similar a los niveles de 2010; es decir, alrededor del 21% del PIB, una cifra prácticamente idéntica a la que teníamos al inicio de la década,» señaló el economista.
Ramírez enfatizó que la política fiscal del actual gobierno, enfocada en cumplir indicadores establecidos, está causando un desgaste del contrato social que históricamente hemos tenido en el país.
Equilibrio de antojo
La situación actual, repleta de altos índices de criminalidad, tráfico de drogas y una alarmante baja en la inversión educativa, pone en riesgo el futuro de las generaciones más jóvenes. “Si no alcanzamos un equilibrio entre lo fiscal y lo social, el país se nos escapa de las manos”, advirtió Ramírez. Desde su experiencia en el comité de asuntos docentes, esta preocupación se ha vuelto recurrente.
Vargas respaldó la postura de Ramírez, considerando que las decisiones del Ministerio de Finanzas y de la Presidencia han sido un «disparo en el pie». En su opinión, «invertir a medias en la educación y otros sectores es un error crítico; si un niño abandona la escuela o si una persona sufre exclusión social y se vuelve presa del crimen, es muy difícil reintegrarlo, acabando por convertirse en una carga para la sociedad”. Los números ponen de manifiesto que una persona encarcelada costará mucho más al país que el financiamiento para una beca educativa.
Por su parte, Natalia Morales, investigadora de estado, explicó que la reducción de la inversión social ha impactado negativamente en el sistema educativo en los últimos tres años, afectando todos los niveles académicos, desde la educación primaria hasta la universitaria.
La investigadora también destacó que muchos hogares están sobrecargados por el mercado laboral, que no ofrece suficientes oportunidades. Por tanto, es esencial que los ingresos familiares sean complementados con apoyos de los programas sociales estatales, tales como becas y subsidios, fundamentales para la inversión social que han sufrido recortes drásticos.
El informe del CINPE resaltó que en los últimos dos años, tanto en 2022 como en 2023, se ha registrando una reducción significativa en los programas de protección social pública, que actualmente representa el 14.50% del PIB, la cifra más baja desde 2015.
Pérdida de competitividad
Los expertos coinciden en que la caída en la inversión social y el aumento de la delincuencia están repercutiendo negativamente en la competitividad del país. Otoya destacó que para los empresarios, Costa Rica se va convirtiendo en un destino cada vez más peligroso, lo que requiere inversiones adicionales en seguridad y, por ende, incrementa los costos operativos. Esto podría afectar la llegada de turistas y visitantes extranjeros.
Además, resaltar la importancia de la inversión en educación como motor de movilidad social es crucial. Es fundamental capacitar a la fuerza laboral como base de la competitividad y cierre de brechas existentes. «Es urgente implementar políticas de educación pública que nos permitan salir del estancamiento en el que estamos, así como abordar la salud y la seguridad ciudadana, sin dejar de lado la reactivación de la economía interna», concluyó Otoya.
