La crisis educativa, la inseguridad y la amenaza a la democracia marcan la pauta de esta campaña electoral – Actualidad cr
La crisis educativa, un número récord de asesinatos y el futuro de la democracia marcaron la agenda de la nación para las elecciones nacionales del domingo 1 de febrero.
Veinte candidatos presidenciales intentaron convencer a los electores durante cuatro meses, en un contexto definido por las principales preocupaciones del pueblo costarricense.
En las encuestas de opinión publicadas desde 2023, la inseguridad aparece como la principal preocupación de la sociedad.
Según datos del Instituto de Justicia (OIJ), los últimos tres años corresponden a los más violentos de la historia del país.
Según la agencia, en 2023 se registraron 906 asesinatos, en 2024 876 y al cierre de 2025 873.
Entre las reiteradas acusaciones de la oposición también estuvieron las cuentas del presidente de la República, Rodrigo Chaves.
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Crisis educativa
Otro tema fue la crisis educativa. Desde la pandemia de Covid-19, los estudiantes han retrocedido en sus conocimientos de alfabetización, tecnología y bilingüismo.
El último informe sobre el estado de la educación muestra que Costa Rica «continúa experimentando una grave crisis educativa que continúa y se ha profundizado».
Durante la administración de Rodrigo Chaves, el presupuesto para educación también se redujo, por debajo del 8% del producto interno bruto (PIB) establecido en la constitución política.
La inversión pública en educación mostró una disminución, al caer de ¢2.670.018 millones en 2020 a ¢2.580.414 millones en la propuesta de presupuesto 2025.
Esto incluye casi 6.000 millones de ISK en términos nominales en comparación con el plan de gasto de 2024.
Los candidatos de la oposición argumentaron que el gobierno era responsable del rezago educativo.
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Un riesgo para la democracia
Otro factor fue la discusión sobre el peligro para la democracia y las preocupaciones sobre la posible reducción de responsabilidades y derechos individuales.
El candidato oficial iba a ganar en la primera vuelta y conseguir 40 escaños en la legislatura.
Esto provocó una reacción de la oposición, que advirtió que con una mayoría de dos tercios en el parlamento, podrían destituir a magistrados y nombrar jueces de alto rango similar, así como promover límites de responsabilidad, entre otros escenarios.
Para los expertos, este tipo de reforma del poder judicial representaría un peligro para la democracia debido a la posible interferencia del legislativo o del ejecutivo.
Durante el debate presidencial, representantes de los partidos Pueblo Soberano (PPSO), Nueva República y Avanza expresaron interés en apoyar iniciativas para suspender libertades y garantías civiles, con el argumento de contrarrestar la inseguridad y el crimen organizado.
El candidato José Aguilar indicó que esta es la última opción, si otras medidas no funcionan.
La Constitución ya prevé esta opción en el artículo 121, apartado 7. Sin embargo, requiere la aprobación de una clara mayoría de diputados para utilizarla.
Entre los derechos que podrían restringirse se encuentran la libertad y la seguridad personales -como la libertad de circulación o la detención sin orden judicial previa-, la libertad de reunión, la privacidad del domicilio y de los documentos privados, así como la libertad de expresión.
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Análisis
Esto dijo el politólogo Sergio Araya El observador que las encuestas de opinión confirmaron que la seguridad es una de las cuestiones más importantes, lo que incluso apareció en la formación de algunos votos.
Según Araya, algunos candidatos presidenciales adoptaron fórmulas vicepresidenciales con perfiles técnicos relacionados con este tema, como muestra de interés en abordar el problema.
También mencionó los temas de educación y la necesidad de crear más empleo como factores relacionados con la reducción del riesgo asociado al crimen organizado, que afecta más a las poblaciones vulnerables.
Asimismo, la continuidad, en términos de estabilidad democrática, empeoró en la parte final de la campaña, incluso en relación con los resultados de las encuestas.
«Esto llevó a que muchos candidatos de la oposición adoptaran una actitud encaminada a poner el tema de la estabilidad democrática y las instituciones democráticas como un tema emblemático por encima de cualquier diferencia que pudieran tener entre ellos», dijo Araya.
El analista político señaló que si bien los candidatos intentaron diferenciarse para atraer a votantes no afiliados al oficialismo, también sostuvieron una especie de paraguas común como defensores del sistema institucional.
En este contexto, añadió, se creó en el ambiente la opinión de que la victoria del oficialismo representaría un peligro para la democracia y, por tanto, para la continuidad del proyecto liderado por el presidente Chaves.
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