La Corte Suprema desestima las acusaciones infundadas de Chaves
San José, 6 de mayo () .- La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Costa Rica ha emitido una respuesta institucional contundente frente a las acusaciones realizadas por el presidente Rodrigo Chaves durante su informe, presentado antes de la reunión legislativa que marca el final de su tercer año de mandato.
La posición de esta entidad judicial es clara y directa: las afirmaciones del presidente son catalogadas como «infundadas» y se consideran «peligrosas para el equilibrio democrático».
El origen de esta controversia se encuentra en el discurso presidencial del 5 de mayo, donde Chaves criticó severamente el poder judicial, enfocándose especialmente en el ministerio público. Se lanzó una crítica a los últimos tres fiscales generales por sus supuestas decisiones arbitrarias y se reclamó la existencia de una ‘monarquía judicial’ ejersida sobre la aplicación de la ley.
Pronto estas declaraciones provocaron una reacción institucional. El presidente de la Corte Suprema, Orlando Aguirre Gómez, publicó un comunicado en el que dejó claro el rechazo categórico a las afirmaciones de Chaves.
Aguirre enfatizó que introducir acusaciones de corrupción o manipulación política del sistema judicial, sin presentar evidencia para respaldarlas, no puede ser considerado como un ejercicio legal de crítica en un contexto democrático.
Distribución de poderes, piedra angular
En medio de esta respuesta judicial se encuentra la defensa del concepto de la División de Poderes, un pilar esencial del sistema democrático de Costa Rica.
«Costa Rica es una democracia constitucional fundamentada en la división de poderes. Esta no es únicamente una formalidad simbólica; representa la garantía real de que ningún poder del estado puede subordinar a otro, asegurando que todos actúan de manera autónoma», expresó Aguirre en su declaración.
Además, el magistrado descartó la narrativa de que las instituciones estatales están bajo el control de intereses oscuros. «No necesitamos salvar a las instituciones; inversamente, debemos proteger a las personas contra los abusos de aquellos que han capturado nuestras instituciones», dijo en una claro alusión a la retórica del presidente.
Una queja de la democracia
La declaración emitida por el poder judicial dejó en claro que no hay espacio para equívocos. Describió las palabras del presidente Chaves como una «queja pública» y advirtió que este tipo de declaraciones carentes de fundamento «debilitan la confianza de la población en las instituciones, socavan el estado de derecho y pueden allanar el camino para prácticas autoritarias».
El pronunciamiento de Aguirre también subrayó que el poder judicial «exige» respeto tanto por la institucionalidad como por las personas que esfuerzan diariamente en defensa de la legalidad, la justicia y los derechos civiles.
Reacciones políticas
La controversia generada por el informe presidencial no fue única del ámbito judicial. Desde el Congreso, el presidente del órgano legislativo, Rodrigo Arias Sánchez, respondió de manera contundente a las acusaciones del presidente.
Arias reconoció que la nación enfrenta una profunda crisis de seguridad ciudadana, agravada por el narcotráfico, pero subrayó que ninguna de las ramas del estado puede enfrentar esta amenaza de manera aislada. «Propuse el establecimiento de una política estatal en la que participan los tres poderes de la República, porque sabía que el problema no podía abordarse solo por una parte», indicó, recordando la importancia de la colaboración interinstitucional.
Arias destacó que se creó una comisión compuesta por tres partidos para abordar la creciente incertidumbre, y que el gobierno participó activamente en sus inicios. No obstante, lamentó que el ejecutivo abandonó el foro por «razones que desconocemos estrictamente», deplorando que esta actitud comprometió los esfuerzos conjuntos.
Reconocimiento y crítica
A pesar de sus críticas hacia el presidente Chaves, Arias también reconoció los logros del gobierno en diversas áreas. Mencionó que la administración ha obtenido éxitos macros económicos y ha mantenido una política fiscal saludable, dejando claro que estos resultados también son consecuencia de políticas heredadas.
El líder legislativo también se refirió al tono del informe presidencial, donde se evidenció una conexión entre las preocupaciones ciudadanas y las ambiciones ejecutivas. «No parece coherente que ambos mensajes provengan de la misma realidad, más bien parecen surgir de mundos dispares, donde la ambición se enfrenta a la insatisfacción», comentó.
Un discurso de confrontación
Durante su discurso, Chaves centró gran parte de sus críticas en el ministerio público y argumentó que la ley se aplica de forma selectiva y aleatoria. «Solo Dios sabe bajo qué incentivos deciden cómo se aplica la ley», dijo en una acusación y directa.
Para el poder judicial, estas acusaciones son especialmente graves, no solo por su falta de fundamento, sino también por el impacto que tienen en la percepción pública. «Este tipo de declaraciones no tienen lugar en una democracia como la costarricense», reza el comunicado oficial.
Contexto de voltaje institucional
Las declaraciones del presidente Chaves no son un evento aislado. Su comunicación directa y confrontacional ha resultado en tensiones con diversos sectores desde que asumió el cargo en mayo de 2022. No obstante, el tono utilizado en este último informe marcó un nuevo hito en la tensión entre las distintas ramas del estado.
La relación entre el poder ejecutivo y el judicial ha ido deteriorándose, especialmente debido a investigaciones sensibles y decisiones judiciales que han incomodado al gobierno. Las palabras de Chaves, al cuestionar abiertamente la integridad de los fiscales, fueron interpretadas como un intento de socavar la credibilidad del sistema judicial.
Llamado a la institucionalidad
El mensaje de la corte no se limitó a una defensa corporativa. También subrayó el riesgo democrático que implica la estigmatización de discursos infundados que buscan desacreditar a las instituciones. En una democracia constitucional, estos actos pueden resultar tan dañinos como cualquier acción desprovista de evidencias, alertó la CSJ.
El equilibrio en el juego
Este incidente pone de manifiesto una de las tensiones inherentes en una república democrática: el equilibrio entre las críticas legítimas y la delegitimación institucional. Los gobernantes tienen tanto el derecho como el deber de señalar fallas en el sistema; sin embargo, puede generar consecuencias perjudiciales para la democracia si estas críticas carecen de fundamentos y se utilizan con fines políticos.
La Corte Suprema ha dejado claro que defenderá la autonomía del poder judicial contra cualquier intento de interferencia o desprestigio. Mientras tanto, el Congreso, bajo la voz de su presidente, ha tratado de mantener un tono institucional, reconociendo tanto los logros como los errores del ejecutivo y llamando al diálogo entre las diferentes ramas del gobierno.
Un país en tensión
Costa Rica, que históricamente se ha considerado un bastión de la institucionalidad en América Latina, se encuentra actualmente en una etapa de creciente confrontación política.
La incertidumbre, la insatisfacción de la población y las demandas de mayor transparencia han creado un ambiente propicio para discursos disruptivos y, al mismo tiempo, para un agrandamiento de llamados a la rendición de cuentas.
En este contexto, el choque entre el presidente y el poder judicial plantea cuestiones fundamentales: ¿cómo se puede equilibrar la responsabilidad con el respeto hacia las instituciones? ¿Hasta qué punto puede un líder político tensionar el sistema sin llegar a romperlo?
Los analistas advierten que lo que está en juego no es solo el prestigio de las instituciones, sino la salud del estado de derecho. Como subrayó la Corte, es crucial que en el país no haya espacio para prácticas autoritarias, especialmente cuando la transparencia es escasa.
