La Asamblea Legislativa se prepara para abordar el poder de veto de tres presidentes.

Actualmente, el proyecto orientado a fortalecer la pensión del Defensor del Pueblo del Instituto de Investigación Judicial (OIJ) se encuentra bajo un veto que ha generado un amplio debate. Esta iniciativa busca establecer que los trabajadores del OIJ puedan acceder a una pensión a la edad de 55 años. Desde que se impuso el veto, ya se han registrado tres ocasiones en las que se ha discutido la resolución del mismo durante las sesiones legislativas.

Las partes involucradas en el proceso legislativo, incluidos los alternativos, deben tomar una decisión crucial: determinar si se mantiene el veto o se transforma en una Ley de la República. Para reinstaurar este proyecto, es necesario obtener un mínimo de 38 votos a favor, lo que representa un desafío significativo dada la actual dinámica política.

Además del mencionado proyecto sobre pensiones, hay otros dos vetos importantes que están bajo consideración en el Parlamento. Uno de ellos se refiere a la regulación de vuelos de bajo costo hacia América Central, mientras que el otro se centra en las normativas relacionadas con la ley reconocida. Estos temas son parte de un conjunto de asuntos pendientes que deben ser abordados, lo que podría llevar a serios debates en el actual período de sesiones extraordinarias. Sin embargo, para lograr este proceso, el ejecutivo deberá presentar formalmente los archivos, tal como establece el programa legislativo vigente.

Durante una de las sesiones del jueves, el Secretario abordó el tema de los vuelos de bajo costo, dejándolo abierto en el programa de esa jornada. Sin embargo, estos planes fueron modificados debido a la escasez de tiempo en el campo legislativo. Según Pilar Cisneros, se espera que se tomen medidas inmediatas al respecto.

Los otros dos archivos no pueden ser discutidos juntos, lo cual está obstaculizando el progreso del Parlamento en esta cuestión. El veto impuesto por el presidente se registró en 2025, comenzando el 18 de febrero con respecto a la propuesta que sugiere restablecer el costo del viaje de $100 hacia América Central y $120 hacia la República Dominicana.

La principal razón detrás de esta decisión es la preocupación del gobierno sobre el impacto que podría tener el turismo en el país. Se cree que esto podría llevar a una disminución en la estadía de los turistas en territorio nacional. Por lo tanto, el Ejecutivo está evaluando cuidadosamente sus acciones para asegurar el bienestar turístico.

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Casi tres meses después …

El 18 de mayo se cumplirá un período de tres meses desde que se impuso el veto a la propuesta presentada por Eli Feinzaig, diseñada para avanzar con una agenda de liberales progresivos. A pesar de los intentos de disputarla en varias ocasiones, no se ha logrado un avance significativo en este sentido.

Inicialmente, este proyecto estaba programado para ser discutido a finales de febrero, pero los plazos se extendieron y hubo disputas dentro del Estado Partido sobre la gestión del tiempo en el Parlamento, lo que afectó la presentación de los miembros. Esto llevó a que se programara nuevamente la discusión para el 11 de marzo, pero también fue retrasada hasta el 18, día que finalmente no se realizó la reunión plenaria.

Desde entonces, el asunto ha permanecido estancado y no se ha fijado una nueva fecha para la discusión, a pesar de las insistencias de Pilar Cisneros. En el Partido Liberal Progresista (PLP), se ha manifestado que cuentan con los votos necesarios para reponer el proyecto; sin embargo, están a la espera de un momento propicio para llevarlo a cabo.

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Regulaciones y sanciones

En febrero, poco después de hacer uso de su poder de veto sobre los vuelos de bajo costo, el presidente Chaves extendió su veto a los documentos de la ley 23,192, que se conocen como «leyes para garantizar una regulación sobre la ley de la comisión». Esta decisión fue fundamentada en razones de conveniencia y gobernanza desde la perspectiva del ejecutivo.

La iniciativa, liderada por la subdirectora general Daniela Rojas, busca que el gobierno mantenga un control efectivo sobre los proyectos de ley en cualquier periodo legislativo. En caso de que no se genere una regulación adecuada, se establecería un plazo de seis meses para definir la situación.

La propuesta también incluye sanciones para aquellos que infrinjan las disposiciones, asegurando que se fomente el cumplimiento normativo. Esto podría implicar la aplicación de penas contempladas en el Código Penal por incumplimientos de deberes en cargos públicos.

Actualmente, se prevé que las sanciones oscilarían entre uno y tres años de prisión para los funcionarios públicos involucrados en tales violaciones.

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Último

El martes, la Asamblea Presidencial de CASA envió a la Asamblea Legislativa el veto relacionado con el proyecto que busca fortalecer una pensión para los agentes del OIJ a partir de los 55 años, tras 30 años de servicio. El presidente Chaves había anticipado que este proyecto sería objeto de veto, lo que ha llevado a un enfoque más colaborativo entre los legisladores en busca de una solución a este asunto.

Según el jefe de la clase, Oscar Izquierdo, la postura del Secretario y la del Presidente ha sido justificada, argumentando que la propuesta de ley tiene fundamentos legales y numéricos que evidencian su viabilidad. Esto ha generado discusiones en las que incluso Alejandra Larios, una de las defensoras del proyecto, ha expresado su descontento y la firme creencia de que se trata de una propuesta legal y justa. Además, ha reiterado su compromiso de buscar los votos necesarios para restaurar esta iniciativa, mostrando confianza en que obtendrá el apoyo requerido.

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