Factura sobre la libertad de expresión en el Senado dominicano

El presidente de Santo Domingo, Luis Abiniker, ha determinado un paso significativo hacia la regulación de la libertad de expresión y los medios digitales en el país. En una reciente comunicación fechada el 2 de mayo por Latin Press, ha enviado un proyecto de ley al Senado que tiene como objetivo establecer normas que regulen la actividad mediática en todas sus formas. Esta acción busca mejorar el panorama de la comunicación dentro del marco legal establecido.

En la carta dirigida al Congreso Nacional, se enfatiza que la iniciativa se centra en «Regular la libertad de expresión en todas las manifestaciones, que incluyen la prensa escrita, la radio, la televisión, los programas públicos y las redes sociales». Esta propuesta no solo abarca la regularización de los medios comprendidos en el ámbito digital, sino que también busca salvaguardar los derechos de los ciudadanos a una comunicación social adecuada y a un periodismo veraz.

Además, el proyecto resalta la importancia de proteger el derecho a la información, un pilar esencial en cualquier democracia sana. A través de esta legislación, se espera que se fomente un ambiente donde los profesionales de la prensa puedan ejercer su labor sin temor a represalias y donde se garantice la fluidez de la información al público en general.

Como parte de esta iniciativa, se propone la creación del Instituto Nacional de Comunicación, que actuaría como el organismo regulador encargado de supervisar y velar por el cumplimiento de las nuevas normativas. Este instituto tendría un papel crucial no solo en la regulación, sino también en la promoción de estándares éticos en el periodismo y en la protección de los derechos de los periodistas.

En la carta dirigida al Presidente del Senado, Ricardo de Los Santos, se ha indicado que este proyecto de ley ha contado con la participación activa de expertos internacionales, quienes han contribuido al diálogo sobre la importancia de la libertad de expresión en un contexto contemporáneo y digital. Esto pone de manifiesto la relevancia de este asunto no solo en el ámbito local, sino también en un escenario global donde la regulación de los medios juega un papel crítico en la sociedad.

El respaldo a esta iniciativa podría marcar un punto de inflexión en la relación entre los medios de comunicación y el Estado, promoviendo un equilibrio que beneficie tanto a los profesionales de la comunicación como a los ciudadanos, quienes requieren acceso a información precisa y relevante.