Estados Unidos canceló el estatus legal de 900,000 migrantes que habían presentado su solicitud ante el gobierno.
En un reciente comunicado el 8 de abril de 2023, el Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos (DHS) ha dado a conocer su decisión relativa al estado legal de aproximadamente 900,000 migrantes que habían recibido permisos de entrada al país mediante la solicitud CBP One, que fue implementada durante la administración del ex presidente Joe Biden, la cual abarcó el periodo entre 2021 y 2025. Este anuncio ha generado una gran conmoción y debate en torno a la situación actual de estos migrantes en el país norteamericano.
Originalmente, este grupo de personas tenía la posibilidad de permanecer en territorio estadounidense por un periodo de dos años, gracias a condiciones específicas que se evaluaron en función de sus circunstancias personales y la situación en sus países de origen. Sin embargo, la nueva medida del DHS ha cambiado drásticamente este estatus, permitiendo la posibilidad de deportación para aquellos que se encuentran en este estado legal condicional.
Desde el inicio de 2023, la administración Biden ha ampliado y modificado las funciones del programa CBP One, que ha sido utilizado desde su creación en 2020. Este sistema fue diseñado en su momento principalmente para facilitar la programación de inspecciones de cargas, pero ha evolucionado y se ha convertido en una herramienta esencial para los migrantes que buscan asilo en los Estados Unidos. La transformación de CBP One en una plataforma clave para la solicitud de asilo refleja un giro significativo en la política migratoria del país.
Es relevante mencionar que esta aplicación, que se actualizó en marzo, había sido restablecida durante la administración Biden, coincidiendo con el aumento en el número de migrantes que cruzan la frontera sur de Estados Unidos, muchos de los cuales buscan huir de situaciones de violencia y crisis económica en sus países. Sin embargo, la reciente comunicación del DHS ha dejado a decenas de miles de migrantes en una posición incierta, pues han recibido correos electrónicos oficiales donde se les informa que su estado de permanencia condicional ha sido revocado y se les aconseja considerar la posibilidad de abandonar el país.
Además, el informe aclara que estas nuevas medidas de deportación no afectarán a los programas de bienvenida aliados con Ucrania, lo que indica un enfoque más matizado hacia diferentes grupos de migrantes en función de sus circunstancias individuales. Este aspecto ha suscitado críticas sobre la equidad y la consistencia de las políticas migratorias estadounidenses. A medida que la situación evoluciona, muchos observadores y defensores de los derechos de los migrantes estarán atentos a cómo se desarrollará este tema en los próximos meses.
