El tribunal boliviano amplía la orden de cálculo y arresto contra Evo Morales en el polémico caso de trata de personas.

La Paz, 30 de abril (Xinhua) – La juez Lilian Moreno Cuélar, del Tribunal 14 por la anticorrupción criminal y contra la violencia contra las mujeres en la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra, ha tomado una decisión sin precedentes al no imputar al expresidente Evo Morales en el contexto de un caso que ha suscitado gran atención mediática. Esta resolución sucede en el marco de un proceso judicial que ha enfrentado múltiples complicaciones legales y controversias. Los defensores de Morales se manifestaron hoy sobre esta situación.
«No existe un cálculo formal ni una orden de arresto vigente. Además, los trabajadores asignados al cuaderno procesal del juez a cargo del caso han sido despedidos», detalló uno de los defensores de Morales, Jorge Pérez, durante una conferencia de prensa celebrada en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
En adición, se señaló que también se desestimó un intento de arresto rebelde contra el expresidente que se había dictaminado previamente, añadiendo más oportunidades para la defensa del exmandatario.
El fallo a favor de Morales se deriva de una acción de libertad presentada por su defensa, alegando que las acciones de la oficina del fiscal y del juez encargado del proceso en Tarija habían vulnerado sus derechos fundamentales. Según el abogado Pérez, a raíz de esta decisión, Morales tiene ahora la libertad de «moverse sin restricciones y prolongar su presencia en el ámbito nacional», afirmando que «sus derechos constitucionales han sido completamente restaurados,» y dirigiéndose a la prensa, mencionó: “Se hizo justicia”.
Nelson Cox, otro abogado que representa a Morales, confirmó que el juez tomó esta decisión tras recibir una queja constitucional respecto a los procedimientos llevados a cabo en el caso. A pesar de la gravedad de las acusaciones que rodean a Morales, la defensa sostiene que el proceso está viciado y que las garantías legales fueron sacrificadas.
El caso, que se originó en Tarija, se lanzó en relación con una supuesta relación sexual que Morales mantuvo en 2015, cuando era presidente, con un adolescente de 15 años, resultando en el nacimiento de una niña, lo que quedó registrado formalmente en un acta de nacimiento incluida en el expediente judicial.
Cox también indicó que la fiscalía de Tarija había sido informada de la resolución de la queja planteada por la defensa, que ordenó además el traslado del expediente al municipio de Villa Tunari, situado en el departamento de Cochabamba, un territorio que representa un bastión político para el ex gobernador Morales.
Es relevante considerar que esta no es la primera vez que la juez Moreno Cuélar emite un veredicto favorable para el exmandatario. En octubre de 2024, una orden de arresto emitida en el contexto de este mismo caso fue igualmente desestimada, en consonancia con la violación del derecho de Morales a ser escuchado por un juez natural.
Desde el momento de su exilio, Morales ha permanecido en Villa Tunari, resguardado por la lealtad de su base sindical, especialmente en la región central de los trópicos de Cochabamba, donde ha denunciado, en diversas ocasiones, el carácter “político” que ha atribuido a este proceso judicial en su contra, argumentando que se trata de un «enjuiciamiento judicial con fines políticos».