El tratamiento del cáncer de seno estará exento del pago de impuestos

En una reciente sesión legislativa, el proyecto de ley que exime del pago del impuesto sobre el valor agregado (IVA) los exámenes y tratamientos relacionados con el cáncer de mama fue puesto a votación. A pesar de no contar con el respaldo del partido gobernante, 41 suplentes apoyaron la iniciativa, lo que permitió su aprobación. Esta propuesta social fue impulsada por la diputada Christian Vanessa Castro y tuvo lugar durante el segundo debate legislativo. Ahora, solo falta la firma del presidente Rodrigo Chaves para que esta medida se convierta en ley.
La implementación de esta ley significará que ni los exámenes de diagnóstico ni los tratamientos para esta enfermedad tendrán la carga del IVA, que actualmente se establece en un 4%. Esto representa un alivio significativo para muchas familias que se enfrentan a los costos elevados de estos servicios de salud vitales. “Este es un paso en la dirección correcta para evitar que las familias pasen momentos difíciles de pagar tales sumas tan grandes por este servicio”, comentó Vanessa Castro, refiriéndose a la importancia de esta legislación en términos de crisis social.
Por ejemplo, el costo de una mamografía puede oscilar entre ¢ 95,000 y ¢ 196,000 dependiendo de diferentes factores, lo que representa un gasto considerable para quienes necesitan hacerse estos estudios. El nuevo proyecto de ley no solo busca aliviar la carga fiscal en relación con la detección y tratamiento del cáncer de mama, sino que también promete fortalecer las finanzas públicas centrándose en aspectos importantes que afectan a cientos de mujeres en Costa Rica.
El artículo 9, que es una parte clave del proyecto de ley, aborda este fortalecimiento y establece claramente:
Artículo 9: Sin apoyo. No estarán sujetos al impuesto:
(…)
13. Estudios de cáncer de mama, incluida la mamografía, los tratamientos y otras investigaciones adicionales necesarias para el diagnóstico temprano.
Con la conclusión del segundo debate, el proyecto será enviado al poder ejecutivo, lo que significa que el presidente tendrá un plazo de 10 días a partir de recibirlo para decidir si lo firma o si decide ejercer su derecho al veto. Esta es una fase crucial en el proceso legislativo, ya que la aprobación final dependerá de la decisión del presidente.
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La diputada Vanessa Castro propuso el proyecto.