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El presidente de Panamesa, Ricardo Martinelli, realizó un viaje a Asilo en Colombia.

Ricardo Martinelli. Alegar

Ciudad de Panamá, 10 de mayo (Latin Press), el ex presidente de Panamesa, Ricardo Martinelli (2009-2014), realizó un viaje a Colombia tras haber permanecido en la embajada de Nicaragua en la capital panameña desde el 7 de febrero de 2024. Este movimiento ha generado diversas reacciones dentro y fuera de su país, dado el trasfondo legal y político que rodea su persona.

Los medios de comunicación reportaron que la salida de Martinelli se llevó a cabo aproximadamente a las 19:35, hora local, lo que marcó un momento significativo en su controversia. Según un comunicado oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá, el gobierno otorgó la protección necesaria para garantizar la partida segura del ex presidente, quien lleva el nombre completo de Ricardo Alberto Martinelli Berrocal. En este sentido, el gobierno colombiano le concedió asilo, lo que ha suscitado un debate sobre las implicaciones de esta decisión internacional.

En el documento emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores panameño, se indicaba que el presidente colombiano, Gustavo Petro, había notificado a su homólogo panameño, José Raúl Mulino, sobre la concesión de asilo. Esto ha dado lugar a que el gobierno panameño facilitara el traslado seguro del ex mandatario, subrayando así la importancia que tiene el manejo diplomático en situaciones con las características de esta.

El proceso incluyó que Martinelli utilizaría un aeropuerto local, donde se llevaría a cabo un cambio diplomático con la representación nicaragüense, para finalmente abordar un avión hacia Bogotá. La diplomacia de la nación neogranadina ha enfatizado que esta decisión se alinea con la protección de personas perseguidas por razones políticas, en línea con el enfoque humanista del país.

No obstante, juristas y analistas en Panamá han manifestado que las acusaciones en contra de Martinelli son de naturaleza penal y no simplemente políticas. En julio de 2023, fue sentenciado a diez años y ocho meses de prisión, además de ser multado con $19.2 millones por lavado de dinero en conexión con un caso de negocios relacionado con la compra de un medio de comunicación utilizando fondos públicos. Esta pena llevó a que fuera descalificado como candidato presidencial para las elecciones de 2024.

Desde el 7 de febrero de este año, eligió el asilo en la embajada nicaragüense, buscando refugio debido a la creciente presión legal en su contra en Panamá. De forma adicional, se enfrenta a acusaciones por lavado de dinero en el escándalo de Odebrecht, el cual es considerado el mayor caso de corrupción en la historia de Panamá. Este entorno legal le ha complicado el retorno a la vida política del país y ha llevado a muchos a cuestionar su futuro dentro de la arena política panameña.

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