El juicio en Bolivia aclara que la orden de arresto contra Evo Morales sigue en vigor.
Santa Cruz (Bolivia), 6 de mayo (Sputnik) .- En una reciente declaración, el Fiscal General de Bolivia enfatizó el lunes que la orden de arresto emitida contra el ex presidente Evo Morales (quien ocupó la presidencia desde 2006 hasta 2019) sigue vigente. Esto se hace evidente tras la intervención del juez Lilian Moreno, así como del Magistrado Annular, quienes hicieron alusión a la polémica ley que ha rodeado este caso.
El Fiscal General, Roger Mariaca, manifestó: «Entiendo que un juez de La Paz ha ordenado nuevamente que la orden de arresto se mantenga en vigor. Como parte del ministerio público, simplemente estamos cumpliendo con el procedimiento establecido; contamos con un registro formal y una resolución emitida por un juez de Tarija, y queremos dejar claro que se trata de un procedimiento policial”. Estas afirmaciones resaltan la seriedad con la que se está manejando la situación y la fijación del sistema judicial boliviano en seguir los pasos adecuados en esta investigación.
El 2 de mayo, el juez Franz Zabaleta, perteneciente al Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, decidió anular el fallo emitido previamente por la juez Moreno. Esta decisión ha provocado controversia y ha llevado al abogado Nelson Cox a describirla como un «trastorno constitucional”. En una entrevista con la Agencia Sputnik, Cox subrayó la gravedad de la situación legal, destacando las implicaciones que podría tener para el caso y los actores involucrados.
Evo Morales, quien también ha enfrentado múltiples tensiones políticas y sociales durante su mandato, está siendo investigado por la Fiscalia de Bolivia por presuntos delitos relacionados con el comercio de menores. Este caso incluye alegaciones de una supuesta relación amorosa con un menor cuando aún ejercía como presidente en 2016. Los cargos contra Morales han desatado un profundo debate en la sociedad boliviana, donde se confrontan diversas opiniones sobre su legado y la justicia.
La constitución boliviana, junto con los preceptos de procedimiento constitucional, establece que una acción de libertad emitida por un juez debe ser revisada únicamente en el Tribunal Constitucional en la ciudad de Sucre (sur de Bolivia) y no puede ser evaluada por un vocal o magistrado, como es el caso de Lilian Moreno. Este punto legal se vuelve crucial en la discusión sobre la validez y el futuro del caso contra Morales. La dinámica entre el poder judicial y la figura de Morales continúa siendo un tema de alta relevancia y controversia en el contexto político del país.
