Deportado de Estados Unidos a Costa Rica deberá informar.
San José, 6 de abril (EP/PL) .- Recientemente, se ha dado a conocer que los inmigrantes que son enviados desde los Estados Unidos a Costa Rica, donde se encuentran en tránsito hacia otros destinos, enfrentarán nuevos requisitos que complican aún más su situación. La nueva normativa exige que estos migrantes firmen un documento de consentimiento para poder abandonar las instalaciones donde están actualmente alojados.
Este documento es una medida que afecta a un grupo específico dentro de los aproximadamente 200 ciudadanos que han sido transferidos al pequeño país centroamericano. Dentro de este contexto, se les está obligando a tomar una decisión difícil: optar por el regreso voluntario a sus países de origen o, en cambio, acogerse al estatus de refugiados en Costa Rica. Esta elección se complica aún más por el contexto de inseguridad y riesgo que algunos de ellos enfrentan en sus naciones, lo cual ha sido objeto de críticas por parte de organizaciones que defienden los derechos humanos.
De acuerdo con la reciente disposición oficial, se ha decidido que los inmigrantes concentrados en el Centro de Atención Temporal de SO, un lugar que ha sido designado para su atención, sean enviados de regreso a sus países, independientemente de las circunstancias que les llevaron a dejar sus hogares. Muchos de estos migrantes temen por su seguridad y su vida, especialmente aquellos provenientes de lugares como Afganistán, donde la situación de los derechos humanos es precaria y las amenazas son constantes.
El director general de migración, Badilla, explicó que los inmigrantes actualmente se encuentran en un «estado migrante equivocado» y que no hay ninguna visa que les permita un tránsito sin restricciones. Sin embargo, se ofrece como solución opciones como la solicitación de asilo o la clasificación humanitaria, lo cual les permitiría moverse con más libertad dentro del país mientras se evalúan sus casos.
Esta situación ha generado preocupación entre varias organizaciones humanitarias, incluidas la Oficina del Defensor del Pueblo y el mecanismo para la prevención de la tortura, así como sectores de la asamblea legislativa que se han mostrado solidarios con la causa de estos migrantes. El clamor por una mejor protección de los derechos humanos y por garantizar un trato justo y digno a los inmigrantes en Costa Rica crece cada día, en medio de un panorama migratorio cada vez más complejo.
