Defensor del Pueblo: las instituciones bancarias deben actuar oportunamente contra el fraude electrónico

San José, ABR (Elpaíss.cr) .- La oficina del defensor del pueblo ha manifestado su apoyo al Proyecto de ley 23,908, el cual tiene como propósito fundamental la protección de los fondos de los consumidores que son administrados por distintas entidades financieras, sean estas públicas o privadas.

En la actualidad, esta propuesta se encuentra en fase de deliberación dentro de la Asamblea Legislativa, y su principal objetivo es exigir a los bancos el establecimiento de métodos eficientes y rápidos para atender a los clientes que han sido víctimas de estafas, sin que se promueva la práctica de autofraudaciones por parte de los mismos.

De acuerdo con el defensor del pueblo, este proyecto surge como respuesta a un creciente número de quejas por parte de los usuarios de la banca pública, quienes enfrentan graves consecuencias económicas debido a un mal tratamiento, falta de información clara y excesiva, así como plazos de respuesta extremadamente largos —que pueden llegar hasta 120 días hábiles— en los procesos de reclamaciones. A pesar de que las entidades financieras poseen una responsabilidad objetiva en la protección de la seguridad de sus plataformas, esto no se ha estado cumpliendo adecuadamente.

Adultos mayores, el grupo más afectado

Durante el último año, la institución ha recibido una serie de quejas que subrayan que los adultos mayores son uno de los grupos más vulnerables a estas situaciones. La lentitud de los procedimientos bancarios suele generar frustración y, al final, las respuestas que reciben los afectados no cuentan con el sustento técnico que deberían tener. El defensor del pueblo ha criticado este aspecto, recordando que las normativas vigentes ya responsabilizan a los bancos de su propia industria y los riesgos inherentes que esta conlleva.

Falta de transparencia en la seguridad informática

En un esfuerzo por abordar este problema de fondo, el defensor del pueblo ha expresado a la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) la necesidad de que los bancos públicos proporcionen información clara sobre las condiciones de seguridad de sus plataformas tecnológicas, tal y como se hace con la divulgación de datos patrimoniales.

Pese a ello, SUGEF ha mostrado reluctancia a compartir esta información, lo cual podría permitir a los clientes seleccionar entidades que cumplan con estándares de seguridad más elevados.

Urgencia de acciones correctivas

El defensor del pueblo ha calificado de «urgente» la aprobación de esta ley, instando a las autoridades a mejorar sus protocolos y poner a los clientes en el centro de la «protección» frente a fraudes electrónicos. Además, ha enfatizado la importancia de garantizar la transparencia para que los consumidores puedan tomar decisiones informadas y adecuadas.

A medida que el proyecto avanza en el proceso legislativo, las víctimas de estafas continúan enfrentando numerosos obstáculos, lo que refuerza la demanda de un marco legal que evite el renacimiento de estas prácticas delictivas y que obligue a los bancos a actuar con mayor diligencia.

Este proyecto se enmarca dentro de la creciente ola de fraudes electrónicos que han tenido lugar en Costa Rica, donde incidentes como el «phishing» y las transferencias no autorizadas han provocado pérdidas millonarias entre los consumidores.

Es pertinente mencionar que actualmente no existe una regulación clara que configure obligaciones para que los bancos compensen a los afectados, lo que deja a estos últimos en una posición desventajosa frente a entidades que operan con procesos poco transparentes y accesibles.