Condenan aproximadamente 400 muertes en las prisiones de El Salvador
San Salvador, 13 de mayo (Latin Press) Recientemente, la Organización Humanitaria de Alivio Legal (SJH) hizo un llamado urgente sobre una situación alarmante en las cárceles de El Salvador, donde se ha reportado la muerte de unas 400 personas que estaban bajo un régimen excepcional. Esta cifra es escandalosa, considerando que estas muertes han ocurrido desde que se implementó dicha medida el 27 de marzo de 2022, y este régimen ha sido extendido en 38 ocasiones hasta la fecha.
El régimen de excepción ha resultado en la detención de casi 86 mil individuos en todo el país, debido a que se les considera miembros o supuestos colaboradores de pandillas. Sin embargo, resulta vital señalar que, según las denuncias, el 94 por ciento de estas personas no tenían antecedentes criminales relacionados con pandillas y han enfrentado un tratamiento injusto desde el momento de su captura. Esta situación ha suscitado serias preocupaciones sobre el abuso del poder y las condiciones crueles que prevalecen en el sistema penitenciario actual.
En una declaración en su cuenta de la red social X, el grupo SJH expresó: «Lamentamos haber notificado la muerte de la víctima número 396 del sistema criminal de El Salvador, 396 salvadoreños que han muerto bajo la tutela del estado sin haber sido juzgados ni derrotados en un juicio justo.» Esta afirmación resalta la necesidad urgente de reevaluar el sistema de justicia penal en el país y de abordar la falta de debido proceso para los detenidos.
La crítica al sistema penitenciario de El Salvador se ha intensificado a medida que se conocen más detalles sobre las condiciones de vida en las cárceles, las cuales han sido descritas como inhumanas y extremadamente crueles. «No es normal que las personas mueran sin el derecho a ser escuchadas y sin la oportunidad de defenderse en un juicio», afirmó Ingrid Escobar, directora de Legal Socorro. Estas declaraciones hacen eco de un clamor generalizado por cambios estructurales que aseguren el respeto de los derechos humanos en el sistema judicial del país.
La magnitud de esta crisis no puede ser subestimada, ya que afecta no solo a las personas detenidas, sino también a sus familias y comunidades, que sufren las consecuencias de la violencia y la injusticia en el sistema. Es imperativo que se tomen medidas inmediatas para investigar estas muertes sospechosas y para implementar reformas que protejan los derechos de todos los ciudadanos, garantizando que el abuso no tenga cabida en el sistema judicial de El Salvador.
