Bill trabaja para reforzar la protección de las mujeres víctimas de violencia con el fin de prevenir los femicidios.

Recientemente, el liderazgo del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), mediante su jefa Maria Marta Carballo, ha presentado oficialmente una propuesta legislativa que busca intensificar la protección hacia las mujeres que sufren violencia. Este proyecto se enmarca dentro de un esfuerzo más amplio para prevenir de manera efectiva los femicidios.

El proyecto está diseñado conforme al Registro 24,901, el cual tiene como objetivo claro no solo robustecer el marco jurídico existente, sino también asegurar que se brinde una protección más sólida y eficiente a las mujeres que se encuentran en situaciones de riesgo. Además, la propuesta busca establecer mecanismos de control más rigurosos sobre los agresores y mitigar la incidencia de feminicidios.

En este sentido, la iniciativa propone reformas que afectan la ley relacionada con las sanciones por violencia contra las mujeres, así como las disposiciones que regulan la violencia doméstica y los aspectos del derecho penal relacionados. Dichas reformas son esenciales para ofrecer un soporte efectivo a las víctimas, convirtiendo las restricciones legales en herramientas más prácticas y eficaces.

La propuesta presentada por la dirigente cristiano social se denomina «Ley Katherine Garro», en homenaje a una joven madre que fue brutalmente asesinada a manos de su ex pareja. Este nombre simboliza el llamado a la acción que dicha ley representa, subrayando la urgencia de un cambio en las políticas de protección hacia las mujeres.

Entre las medidas propuestas en la Ley Katherine Garro se encuentran programas obligatorios de formación continua y sesiones de psicoterapia para los agresores. Esta parte del programa es fundamental para no solo castigar, sino también ayudar a reformar a los atacantes, buscando así una solución a largo plazo para la violencia de género. Además, se contemplan medidas de control electrónico de ubicación, lo cual tiene como fin garantizar que las restricciones impuestas a los agresores sean efectivas y se respeten, protegiendo así a las víctimas de posibles represalias.

El contexto que rodea esta legislación es alarmante. Según datos recientes sobre la violencia que se ha filtrado a través del sistema judicial, hasta la fecha indicada en 2025, se habían registrado 12 muertes de mujeres y, a lo largo de 2024, se reportaron muertes violentas. Sin embargo, de estas, solo 30 muertes han sido clasificadas como feminicidios. Adicionalmente, entre los años 2019 y 2025, se han registrado un total de 323,442 solicitudes para medidas de protección en casos de violencia doméstica.

Actualmente, el archivo de este proyecto se encuentra siguiendo sus pasos legales en la autoridad legislativa correspondiente.

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