Antes del anuncio de un veto en Chaves, un oficial adjunto afirma que estarán preparados para reanudar.
El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, hizo un anuncio importante el miércoles relacionado con un proyecto de ley que afecta a la agencia del poder judicial, el OIJ (Organismo de Investigación Judicial). Chaves declaró que prevé ejercer un veto al proyecto que permite a los agentes de esta entidad alcanzar la jubilación a los 55 años, lo que ha generado críticas y preocupaciones entre varios sectores políticos y sociales.
Esta iniciativa proviene de la temporada legislativa anterior y fue presentada primero por Dragos Donolescu, pero en esta ocasión es impulsada por la diputada Alejandra Larios, quien representa al partido libertario. Larios expresó su preocupación y resalta el descontento que ha surgido tras el anuncio del presidente, especialmente considerando que la votación para el segundo debate de este proyecto está programada para el 8 de abril.
El legislador lamentó la decisión del presidente Chaves, comentando: «Es lamentable, ya no es sorprendente, porque cuando se trata de iniciativas cruciales para la seguridad del país, especialmente en lo que respecta al OIJ, encuentran oposición». Este sentimiento es compartido por varios miembros de la Asamblea Legislativa, que consideran que proteger los derechos de los agentes es fundamental.
La diputada Larios también señaló que estarán a la espera de la decisión final del presidente sobre el veto, aunque ya puede vislumbrarse que la posibilidad de una reforma o modificación a este proyecto puede estar en riesgo. «Será su decisión asumir su responsabilidad y los alternativos harán lo mismo», afirmó con firmeza.
Larios comentó además: «Es importante que se considere la votación en el segundo debate. Vamos a ver si el presidente se niega a aceptar esta propuesta, teniendo en cuenta que en el pasado ha mencionado que ejercerá un veto en contra de otros proyectos, pero no siempre lo ha cumplido».
El presidente Chaves, por su parte, argumentó que el motivo para ejercer el veto radica en la defensa del quórum público y su preocupación de que el proyecto no garantice beneficios equitativos en el sistema de pensiones. Mencionó que «los agentes se enfrentan a situaciones peligrosas en su trabajo diario» y citó casos trágicos como el de Maynor Martínez, un agente de policía fronteriza que perdió la vida en el ejercicio de sus funciones.
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La iniciativa busca fortalecer la pensión de los agentes.
Desgraciado
Asimismo, el diputado Larios se mostró frustrado por la actitud del presidente al introducir un veto que obstaculiza lo que considera un derecho legítimo de los trabajadores. «Apoyar un proyecto no significa que se esté en contra de otras fuerzas policiales», argumentó, defendiendo la necesidad de fortalecer la seguridad y las condiciones laborales de los agentes del OIJ.
En otro contexto, Nogui Acosta, el Ministro de Finanzas, advirtió que el sistema de pensiones judiciales tiene una falta significativa, calculándose en ¢804,000 millones, lo que es necesario para mantener la solvencia del mismo. «Decisiones como esta abren un agujero aún mayor en las finanzas públicas, y quien termina pagando estas decisiones son siempre los ciudadanos», puntualizó Acosta, destacando los efectos negativos que podrían acarrear decisiones legislativas mal fundamentadas.
Por otro lado, el proyecto de ley busca que los agentes de OIJ puedan beneficiarse de una jubilación que podría alcanzar el 82% del promedio de los últimos 240 salarios mensuales, ajustándose posteriormente a variaciones económicas como el índice de precios al consumidor (IPC). Esto significa que, si el retiro se produce al cumplir una determinada edad o al alcanzar un tiempo de servicio específico, los cálculos de pensión podrían verse modificados, reafirmando así la importancia de estos beneficios para los trabajadores del OIJ.
Es relevante señalar que el documento legislativo también contiene disposiciones específicas sobre las condiciones para la jubilación anticipada, especialmente en aquellos casos donde un servidor público no cumpla con los años requeridos para obtener los beneficios totales. Las pautas detallan cómo se realizarían esos cálculos, indicando la relevancia de cumplir con los requisitos establecidos en el proyecto.
«Si el retiro ocurre cuando el servidor o la servidora cumplen con la edad requerida o más años, pero no alcanzan los treinta años de servicio, la jubilación no se negociará en proporción a los años trabajados, siempre que se haya completado el periodo mínimo de servicio.»
En consecuencia, el monto a recibir se ajustará en función de los años trabajados, lo que refleja una preocupación por asegurar que quienes han dedicado años de servicio a la seguridad del país puedan contar con una jubilación digna y justa.
