Desarrollo de Proyectos para Facilitar Contribuciones de Infraestructura y Equipos Policiales al Ministerio de Seguridad

En la reciente sesión legislativa, se aprobó en primer debate el proyecto de ley número 24,081, que recibió el apoyo unánime de los representantes alternativos. Esta iniciativa tiene como objetivo permitir que se realicen contribuciones de bienes raíces, muebles y servicios tanto a partidos públicos como privados, todo con el propósito de beneficiar al Ministerio de Seguridad Pública.

Dicha propuesta fue presentada por el público Daniel Vargas, y su propósito es llevar a cabo una reforma al Artículo 6. BIS de la Ley de Policía General vigente.

El texto de la ley propone cambios significativos, de los cuales se destacan:

«Las agencias gubernamentales, entidades públicas o privadas, municipios y organizaciones de desarrollo social, que están vinculadas a la ley 3859, conocida como la ley de desarrollo comunitario, promulgada el 7 de abril de 1967, tienen la facultad de permitir a personas naturales o jurídicas realizar aportes en forma de bienes raíces, muebles y también en la reparación y mantenimiento de equipos y vehículos. Asimismo, estos recursos pueden destinarse a crear y mantener infraestructuras y equipamientos esenciales para las operaciones policiales, incluyendo la capacitación y otros aspectos vinculados a las funcionalidades de la policía.»

Los aportes a realizarse no necesariamente deben tener condiciones impuestas, pero es imprescindible que las autoridades competentes se aseguren del origen legítimo de los bienes ofrecidos antes de aceptarlos.

Además, el texto pauta que «las contribuciones de entidades tanto naturales como legales, que estén vinculadas a la confidencialidad de los servicios de inteligencia, no podrán ser aprobadas, especialmente si están asociadas con flujos financieros de origen dudoso; esto incluye a las entidades condenadas por tráfico de drogas, legitimación de capital o fraudes públicos», establece el documento.

Exclusiones Del Proyecto

Una segunda discusión y elección sobre el proyecto está programada para el 19 de mayo, donde se espera que sea firmado por el Presidente de la República en el edificio presidencial. Cabe destacar que las contribuciones, así como los servicios brindados para la policía, no deben representar un riesgo para la seguridad laboral ni la información confidencial que maneja el Director del Ministerio de Seguridad Civil o el Jefe de la Policía.

Por lo tanto, se definieron las siguientes exclusiones respecto a las contribuciones:

• – Servicios relacionados con la gestión de datos de las instalaciones, gestión o mantenimiento de equipos técnicos o que impliquen acceso a datos e información confidencial dentro de la agencia.
• – Servicios que comprometan el desarrollo de operaciones cotidianas o especiales de la organización.
• – Provisión de personal para operaciones diarias o especiales que estén conectadas con la seguridad pública o nacional.
• – Todo servicio destinado a la gestión de armas o explosivos pertenecientes a la agencia.
• – Cualquier servicio que pueda potencialmente afectar la seguridad pública o el bienestar de la comunidad.