Costos de extradición de Rich: Avances en el Congreso

El Movimiento Progresista (MP) ha avanzado en su agenda legislativa, logrando la aprobación en primera instancia de un importante proyecto de ley que busca introducir reformas significativas en la legislación costarricense. Este proyecto está diseñado para facilitar el progreso de Costa Rica en el ámbito de la extradición, especialmente en casos donde individuos hayan sido acusados de terrorismo o contrabando de drogas en otros países. La diseminación de información indica que un número considerable de personas, entre 30 y 35, se encuentra actualmente bajo la supervisión de las autoridades internacionales debido a su probable implicación en actividades delictivas relacionadas con el narcotráfico o el terrorismo.

Este avance legislativo ha sido posible gracias al apoyo de 45 suplentes, quienes, a su vez, se ven motivados por la creciente desconfianza hacia el Ejecutivo. El propósito de esta iniciativa es crear un marco que permita al país gestionar con eficacia los delitos cometidos por extranjeros nacionales en el extranjero, usando la nacionalidad como un escudo para evitar la extradición. La propuesta ha suscitado un debate considerable, puesto que se enfoca no solo en la seguridad nacional, sino también en el respeto de los derechos y garantías fundamentales de los ciudadanos.

El Partido de Unidad Social Cristiana (PUSC) ha adoptado una postura pragmática al decidir no agotar el tiempo asignado para discutir la iniciativa, lo que ha permitido acelerar su aprobación. De este modo, los representantes de PUSC no han mostrado interés en participar en el debate sobre la medida, a pesar de la relevancia del tema.

Alejandro Pacheco, líder de la unidad legislativa, ha manifestado que esta aprobación es un mensaje claro y contundente hacia la ciudadanía, enfatizando el compromiso del legislativo con la seguridad de los costarricenses. A pesar de los elogios, algunos miembros de la oposición, como Priscilla Vindas del Frente Amplio, han expresado su preocupación acerca de la definición del término «terrorismo», señalando que se requiere un análisis más profundo antes de continuar con el desarrollo de la ley.

Vindas también subrayó que cualquier decisión relacionada con el avance de este proyecto de ley debe ser precedida por procedimientos claros en Costa Rica. Identificó que, si bien el enfoque legislativo puede ser un paso hacia la solución de problemas de inseguridad, no resuelve la raíz del problema.

Gloria Navas, diputada independiente, también consideró que su voto a favor de la iniciativa es crucial, ya que las reformas ajustan la constitución a situaciones confirmadas en las que se velan por la seguridad nacional y los derechos fundamentales relacionados con la salud y la vida de los ciudadanos. Además, ella aseguró que la ley incluiría «garantías constitucionales» para aquellos costarricenses que enfrentan la posibilidad de ser extraditados.

Una vez que se completen las reformas, se modificará el artículo 32 de la constitución política de la nación. El texto establece lo siguiente:

«Artículo 32- No se puede ver a los ricos de costos a abandonar a National, excepto en casos de contrabando de drogas internacional o terrorismo, si se ha otorgado la asignación de tribunales, con un apego estricto a los derechos y procedimientos fundamentales reconocidos en esta constitución,»

¿Cómo funciona?

Dado que se trata de una reforma constitucional, el proceso implica procedimientos más complejos que requieren discusiones adicionales en el MP. Cabe señalar que esta propuesta ya fue discutida en el segundo debate de la Primera Autoridad Legislativa en meses previos. Una vez que se completen todos los debates necesarios, la iniciativa deberá ser presentada al presidente de la República, Rodrigo Chaves, para su consideración.

El presidente, en su informe cercano, subrayó la necesidad de implementar leyes más rigurosas que penalicen a aquellos que reclutan menores para actividades delictivas y que enfrenten medidas más estrictas por contribuciones a organizaciones terroristas. Mencionó la relevancia de permitir la extradición de costarricenses involucrados en actos de terrorismo o crimen organizado, haciendo referencia al documento número 20701, que se está considerando en la actual sesión legislativa.

Es necesario que la ley pase por un primer, segundo y tercer debate en el mismo orden. Si la propuesta fue aprobada en el primer debate, se requerirá su discusión al día siguiente, y concluir con el tercer debate el miércoles. En total, se necesitarán al menos 38 votos en un lapso de tres días.

Es importante señalar que el período legislativo se extiende desde el 1 de mayo hasta el 30 de abril del año siguiente, marcando así el calendario del ejercicio legislativo.