Costa Rica Viola Derechos Humanos de Migrantes; Organizaciones Condenadas
San José, 8 de mayo () .- En un reciente informe emitido por el Centro de Justicia y Derecho Internacional (CEJIL), acompañado por el Servicio Jesuitic y el Comité de Servicio de Amigos de los Estados Unidos (AFSC), se hace evidente que Costa Rica ha estado involucrada en una serie de violaciones a los derechos humanos que han afectado a más de 200 migrantes. Entre estos migrantes se incluyen niños y adolescentes que han sido rechazados por los Estados Unidos. El documento revela algunas de las condiciones inhumanas a las que se han visto sometidas estas personas en el país.
Este informe detalla un monitoreo exhaustivo de visitas y entrevistas realizadas a las víctimas, poniendo de relieve cómo el gobierno costarricense aceptó actuar como un «puente» para recibir a personas provenientes de diversas nacionalidades, como Rusia, Armenia, Afganistán, Yemen, la República del Congo, y otros lugares. Sin embargo, este acuerdo ha llevado a encarcelamientos injustos que han superado los 60 días, sin que se les proporcionara información adecuada en sus propios idiomas.
«Esto no puede volver a suceder», manifestaron las organizaciones responsables del informe, instando al estado a que fomente acuerdos similares en el futuro. Exigen garantías de permisos laborales, atención humanitaria y protección internacional ante el sufrimiento de estos individuos.
Un acuerdo que condujo al abuso
El informe señala que tras la firma de un tratado verbal entre Estados Unidos y Costa Rica en febrero de 2025, se procedió a la transferencia de personas que fueron expulsadas de Estados Unidos hacia el Centro de Atención Temporal para Migrantes (Catem-Memisur), ubicado en Paso Canoas, en la frontera con Panamá. En este centro, se han dado una serie de abusos:
Han retenido documentos, impidiendo a los migrantes moverse libremente sin la supervisión de la policía.
No recibieron ayuda psicológica, y no se llevaron a cabo evaluaciones individuales necesarias para acceder a refugio.
Algunos de ellos fueron enviados al programa de Regreso voluntario asistido de la OIM, a pesar de que esto los exponía a graves peligros en sus países de origen, violando así el principio de Sin retorno.
“En los Estados Unidos estábamos en cuartos oscuros, sin luz natural. Luego, al llegar a Costa Rica, nos encerraron sin darnos explicaciones”, compartió una persona de origen armenio, que optó por permanecer en el anonimato. Otro entrevistado añadió: “No entendemos el idioma ni las leyes; esto lo hace aún más complicado”.
Regulación de migrantes: ¿Solución insuficiente?
El 21 de abril, la administración de Rodrigo Chaves anunció una resolución con el objetivo de organizar a los migrantes para facilitar su salida de Catem. Sin embargo, las organizaciones mencionadas han criticado esta medida:
El procedimiento resulta temporal y no asegura acceso a empleo o integración efectiva en la sociedad.
No existe un seguimiento de los migrantes que deciden salir del país.
Los individuos que se quedan están sumidos en un «Limbo» sin medios para reconstruir sus vidas.
«Esta medida llega demasiado tarde y no repara el daño hecho», expresó Ana Patricia Argüello, de SJM-CCR. «Son muchas las personas que no buscan asilo aquí, pero tampoco pueden regresar a sus países debido a las situaciones de riesgo».
Recomendaciones importantes
El informe enfatiza que es vital que el estado costarricense:
Garantizar protección internacional: Debe llevar a cabo una evaluación de cada situación antes de considerar la devolución de las personas a países donde sus vidas estén en peligro.
Extender la regularidad durante 12 meses adicionales, asegurando permisos de trabajo y apoyo humanitario que incluya vivienda, alimentación y salud mental.
Proteger a los grupos vulnerables: Es fundamental considerar las necesidades de niños, mujeres embarazadas, sobrevivientes de violencia y de la población LGBTIQ+.
Cancelar acuerdos que faciliten desalojos colectivos o arrestos arbitrarios.
“Costa Rica no debería ser cómplice de delitos contra los derechos humanos. Exigimos a la comunidad internacional que brinde asilo a quienes realmente lo necesitan”, afirmó Francisco Quintana, de CEJIL.
Un precedente peligroso
Este caso sienta un precedente alarmante en la región, donde Estados Unidos ha intentado externalizar las deportaciones a terceros países. En 2025, varios países de la región, como Panamá y México, enfrentaron situaciones similares de presión.
“Si un país con una larga tradición de acogida como Costa Rica falla en cumplir con estas expectativas, ¿qué se puede esperar de los demás?”, reflexionó Laura García, de AFSC. Las organizaciones subrayan la importancia de que el gobierno investigue lo sucedido y que se ofrezca algún tipo de reparación a las víctimas.
Costa Rica alberga aproximadamente 300,000 migrantes, lo que representa alrededor del 7% de su población. Sin embargo, su sistema de asilo ha mostrado claros signos de colapso. En 2024, el país recibió unas 70,000 solicitudes, la mayoría procedentes de Nicaragua y Venezuela. Este caso marca un hito, ya que es la primera vez que Costa Rica acepta deportados provenientes de otras regiones.
