El Salvador’s government denies the agreement with gangs
San Salvador, 6 de mayo (Latin Press) — En un reciente desarrollo noticioso, el Gobierno de El Salvador se ha manifestado enérgicamente para negar cualquier insinuación sobre la existencia de acuerdos con pandillas durante la administración del presidente Nayib Bukele. Esta postura fue subrayada por el vicepresidente Félix Ulloa durante una entrevista concedida a la revista francesa Le Grand Continent.
Ulloa enfatizó que «este gobierno nunca ha negociado con Las Maras», haciendo referencia a las notorias bandas que operan en la región. Afirmó rotundamente que se tienen «los líderes del más alto nivel de prisioneros,» sugiriendo que las autoridades siguen una política firme y decidida frente a la delincuencia organizada.
No obstante, Félix Ulloa admitió que podría haber ciertos individuos vinculados a las pandillas que han participado en diálogos con los líderes de los vendedores ambulantes. En este sentido, sugirió que las discusiones entre ciertas facciones de las pandillas y el gobierno estaban ocurriendo, aunque bajo un marco que no estaba relacionado con una política estatal formal.
El vicepresidente también se refirió a artículos recientes publicados por El Faro, un medio que ha estado en lo mira de controversias, donde se se afirmaba que un líder de la pandilla Barrio 18, conocido como «El Charly», había mencionado un acuerdo que involucraba la suma de $250,000. Ulloa desestimó tales afirmaciones, asegurando que no existía un tratado de tal naturaleza entre el gobierno y las pandillas.
En este contexto, el periódico Colatino planteó en un comentario que la interacción entre el gobierno y las pandillas no tenía como objetivo fundamental la paz, sino el control a través del silencio. Este punto de vista se inserta en un contexto más amplio donde algunos sectores han comenzado a cuestionar la narrativa oficial, especialmente durante los primeros dos años de gestión de Bukele, período durante el cual los medios proclamaron que El Salvador se había convertido en «el país más seguro de América».
Sin embargo, el informe de Colatino indicó que, contrariamente a esta narrativa, las evidencias apuntan a un deterioro en la situación de seguridad pública, con un notable incremento en la cantidad de cementerios clandestinos. Se reporta que durante este lapso, más de cinco mil personas continúan desaparecidas, mientras que se estima que alrededor de tres mil han sido asesinadas, lo que genera preocupación en el ámbito de los derechos humanos. Al cierre de 2024, organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos sugieren que el número de personas desaparecidas podría incluso superar los ocho mil.
