«Vamos a buscar votos para el resto»: Diputados responden al nuevo veto del presidente Chaves.

Tras el reciente ejercicio del poder de veto por parte del presidente Rodrigo Chaves sobre la ley que recibió aprobación en la Asamblea Legislativa para fortalecer las pensiones del Instituto de Investigación Judicial (OIJ), los suplentes han expresado sus opiniones y reacciones.

Se lamenta el veto y la certeza de que continuarán en su búsqueda por regularizar la situación, asegurando que el proyecto eventualmente se convertirá en ley de la República.

Desde que se logró la independencia de la nación, se han manifestado diversas posturas legislativas sobre este tema crucial.

«Lamentablemente, tanto la postura del Secretario como la del Presidente están justificadas, pero es importante señalar que este proyecto de ley contaba con fundamentos legales y numéricos que respaldaban su aprobación», declaró el líder de la bancada, Oscar Izquierdo.

«Los funcionarios del OIJ son vitales para los costarricenses, no podemos olvidarlo, y es fundamental que se haga justicia. Buscaremos los votos necesarios para que esta ley avance», advirtió Izquierdo con firmeza.

Alejandra Larios, quien actualmente está involucrada en la tramitación del documento, también se hizo eco de estas preocupaciones, recordando que la propuesta fue presentada originalmente por Dragos Donolescu en 2021.

«Mantengo la convicción de que esta es una tarea justa y legal. Sin duda alguna, nos esforzaremos por obtener los votos que se necesitan para restaurar el proyecto», afirmó, convencida de que lograrán su objetivo.

Para que el proyecto pueda ser restaurado y aplicado desde la casa presidencial, se requiere un mínimo de 38 votos; cabe recordar que la propuesta fue aprobada inicialmente en un segundo debate con 40 votos.

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«Revanchismo»

Según la legisladora Monserrat Ruiz, la decisión de Chaves de ejercer su poder de veto contra este proyecto parece estar más alineada con un «contenido de revanchismo».

«Hay una sensación de que el Presidente de la República está buscando vengarse del sistema judicial. No es una casualidad que su discurso y sus acciones vayan dirigidos a los partidos que están investigándolo, especialmente el ministerio público y el OIJ, que están llevando a cabo diversas investigaciones sobre casos de corrupción que involucran al presidente y a varios ministros», comentó Ruiz.

Ruiz indicó que «este gobierno ha usado el veto en una serie de ocasiones», y que también parece que tiene la intención de seguir limitando las iniciativas de la sesión legislativa.

Desde el partido PUSC y el Frente Amplio, los diputados Alejandro Pacheco y Rocío Alfaro expresaron sus quejas respecto a la decisión del presidente y discutieron la posibilidad de restablecer el proyecto.

«Esta es una barricada, y continuaremos utilizando lo que establece la Constitución, que permite a los agentes del OIJ retirarse a la edad anterior», manifestó uno de los diputados del Frente Amplio.

«Es decepcionante que el presidente no esté dispuesto a respaldar a los oficiales del OIJ, quienes trabajan muchas horas durante días enteros. Regresaremos al Parlamento y discutiremos la manera de proceder para abordar esta violación. Es esencial brindar apoyo a estos agentes», concluyó un representante socialcristiano.

El veto y el proyecto

En su momento, Chaves propuso un veto respecto a este proyecto, argumentando «razones para las oportunidades, la comodidad y la gobernanza».

«Después de una evaluación exhaustiva del contenido de la legislación, se llegó a la conclusión de que la norma presenta un grave desajuste en el gobierno que afecta sus sanciones, comprometiendo los principios del sistema de justicia y generando inconvenientes en los derechos constitucionales», se menciona en el documento enviado al Parlamento.

Los aspectos que se analizaron detenidamente para la formulación del veto son los siguientes:

• Violaciones a la igualdad ante la ley desde el inicio.
• Lesiones a los principios de técnica razonable y unión.
• Infracciones al principio de sostenibilidad financiera.

El objetivo de la propuesta es que los agentes del Instituto de Investigación Judicial (OIJ) puedan optar a su jubilación a la edad de 55 años.

Para que los funcionarios del OIJ puedan beneficiarse de estas pensiones anticipadas, deben cumplir con ciertos requisitos, siendo el más importante haber trabajado un mínimo de 30 años en la institución.

De esta forma, se busca que puedan recibir pensiones equivalentes al 82% del promedio de sus últimos 240 salarios mensuales, actualizado según el índice de precios al consumidor (IPC) durante el mismo periodo, que se calculan en base a tarifas bajo los servicios gubernamentales.

Además, el proyecto incluye artículos que especifican los procedimientos para la jubilación anticipada en el caso de que no se cumplan ciertos años de servicio.