Derechos humanos en El Salvador: Revelaciones de un informe
San Salvador, ABR (Latin Press) El contexto actual en El Salvador es alarmante, con un aumento notable en las violaciones de derechos humanos y el abuso de poder, que se evidencia en un informe publicado recientemente. Este documento revela una situación crítica que no solo afecta a los ciudadanos, sino que también pone de manifiesto la profunda crisis en la administración de justicia en el país.
En una entrevista llevada a cabo por Telecorporación de la Telecorporación Salvadora (TCS), Gabriela Santos, directora del Instituto de Derechos Humanos (Idhuca), subrayó que no se puede hablar de un verdadero respeto por los derechos humanos en el país. «Estamos presenciando un abuso de poder sistemático que debe ser detenido», afirmó. Su comentario resuena con la gravedad del informe, titulado «Informe Anual 2024: Una mirada a la situación de los derechos humanos en El Salvador», el cual aborda diversas facetas de las violaciones de derechos, poniendo un énfasis particular en la violación del derecho a la vida, así como la movilidad y el abuso de poder que se manifiestan en la detención de personas.
Presentado por el Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Central Americana de José Simeón Cañas, el documento también destaca la alarmante cifra de agresiones sexuales contra menores y las capturas arbitrarias efectuadas durante el régimen de excepción, además de otros delitos graves. La estructura del informe revela la exacerbación de una problemática que ha ido en aumento, afectando a los grupos más vulnerables de la sociedad salvadoreña.
Santos reconoció que, a pesar de una disminución en el número de asesinatos en el país, el estado no debe convertirse en uno de los más importantes agresores de derechos humanos. «No podemos permitir que el estado se convierta en el responsable de las violaciones al derecho a la vida, reemplazando a las pandillas», subrayó. Este punto es crucial, ya que cuestiona la propia legitimidad del gobierno al garantizar la seguridad de sus ciudadanos.
De acuerdo al informe, se reportaron 243 muertes violentas en 2024, de las cuales 114 fueron homicidios intencionales, según la oficina del Fiscal General (FGR). Esto resulta en una disminución significativa en la tasa de homicidios, que ha caído a 22 por cada 100 mil habitantes, lo que contrasta con las cifras alarmantes de 1,341 muertes de 2020. Sin embargo, esto plantea preguntas sobre la calidad de esta reducción y su relación con las medidas extremas que se han implementado bajo el régimen de excepción.
Santos argumenta que el discurso gubernamental sobre una mejora en la seguridad y en la disminución de homicidios, si es factual, plantea un dilema: «Entonces, el régimen excepcional ha perdido su razón de ser», sugiriendo que no hay justificación válida para su continuidad. Para varios expertos en derechos humanos, esta situación es particularmente preocupante, pues casi 85 mil detenidos se encuentran en prisión sin condena, y se estima que hasta 25 mil de ellos podrían ser inocentes.
Roberto López, director del Observatorio de Derechos Humanos, subraya la necesidad de una investigación profunda para garantizar un proceso judicial justo. «A menudo, las personas son condenadas sin la suficiente información que sustente esta decisión», manifestó. La violación del derecho a la vida continúa siendo un problema grave, acentuado por arrestos arbitrarios, tortura, enfermedades y la restrictiva negación de acceso a la justicia que caracteriza el actual ambiente judicial en El Salvador.
