La entrada de teléfonos móviles en la prisión será sancionada con revisiones de 2 a 4 años.

En una reciente sesión legislativa, el jueves se aprobó de manera definitiva un proyecto de ley relevante, que ha sido conocido como la ley número 24,162. Esta legislación tiene como objetivo establecer sanciones para aquellos individuos que ingresan de manera ilegal teléfonos móviles, dispositivos satelitales u otros medios electrónicos de comunicación en las instituciones penitenciarias de Costa Rica.

El proyecto, que fue introducido por la autoridad ejecutiva y había sido presentado desde octubre del año pasado, finalmente ha visto la luz luego de ser discutido en varias ocasiones. Durante esta semana, se realizó el primer debate legislativo y, a pesar de las controversias que han rodeado el tema, el día de hoy fue aprobado por un voto unánime entre los legisladores, alcanzando la votación de 41 a favor de la medida.

Este nuevo marco legal establece una pena de prisión que oscila entre dos y cuatro años para aquellos que sean sorprendidos ingresando ilegalmente estas herramientas de comunicación en las cárceles. La normativa especifica que:

«Se impondrá una sanción de prisión de dos a cuatro años a quien, sin contar con la aprobación legal o regulación correspondiente, posea, presente, facilite o adquiera de cualquier forma la entrada a una institución penal de herramientas de comunicación, incluidos teléfonos móviles, equipos satelitales y sus componentes técnicos, así como tarjetas SIM».

Es importante resaltar que en Costa Rica ha habido un marcado incremento en los casos de fraude a través de llamadas telefónicas originadas desde centros penitenciarios, donde los internos logran recibir teléfonos móviles, en muchos casos mediante visitas que les permiten tener acceso a estos dispositivos. Lo que se busca con esta legislación es mitigar el uso de estas herramientas ilegales y proteger a la ciudadanía de estafas y delitos que se emplean a través de dichas prácticas.

Anteriores a esta legislación, quienes facilitaban estas herramientas no enfrentaban sanciones concretas, lo que motivó la creación y eventual aprobación de este proyecto. Además, se establece que la pena podría aumentar en un tercio en situaciones en las que el responsable de ingresar un teléfono móvil a la prisión sea un «funcionario público, proveedor de servicios o productos en oficinas penitenciarias».

Asimismo, se contempla que «los abogados que utilicen su profesión u otras partes que hayan recibido una autorización especial para el ingreso, sin contar con la licencia adecuada, también serán sancionados en consonancia con esta normativa».

Verifique más: los agentes aceptan en las primeras sanciones de discusión de dos a cuatro años a aquellos que van por teléfono en prisión