El gobierno de El Salvador observa una demanda relacionada con el encarcelamiento en Estados Unidos.
San Salvador, 5 de marzo (Sputnik) .- La organización más relevante de los grupos sociales en El Salvador, conocida como el bloque de resistencia y la rebelión popular (BRP), hizo público el viernes un importante reclamo de inconstitucionalidad contra la política del gobierno que permite la encarcelación de emigrantes venezolanos en una prisión de alta seguridad. Estas deportaciones son parte de un acuerdo establecido con las autoridades de Estados Unidos, que ha suscitado un amplio debate sobre la legalidad de tales acciones.
En el contenido de su demanda, el BRP exige que se considere inconstitucional la actuación del organismo ejecutivo en relación con la aceptación de ciudadanos venezolanos procedentes de Estados Unidos, quienes fueron enviados a este país bajo la condición de que El Salvador recibiría algún tipo de compensación económica. «Nuestra solicitud expresa que se declare la inconstitucionalidad de estos actos», afirmó el BRP en un comunicado público.
El colectivo también hizo un llamado a los tribunales de justicia para que procedan con la liberación de los venezolanos que han sido arbitrariamente detenidos, destacando el hecho de que muchos de ellos han sufrido discriminación simplemente por el hecho de ser migrantes. «Es inaceptable que individuos sean retenidos solo por su condición de ser migrantes», subrayaron, haciendo referencia a los venezolanos reportados como detenidos en varias ubicaciones del país.
Asimismo, el texto de la demanda denuncia de manera categórica la violación de los derechos esenciales de estos migrantes, quienes se encuentran en estas instalaciones penitenciarias de alta seguridad sin haber sido llevados ante un tribunal de justicia. Muchos de ellos, además, carecen de pruebas que sustenten cualquier acusación en su contra. Esto plantea serias dudas sobre la legitimidad de su detención y el respeto por los derechos humanos.
El BRP enfatiza que, en este contexto, no se puede hablar de un limbo legal. Se hacen eco de acciones que infringen los derechos fundamentales, tales como la libertad y la dignidad humana. «La Corte Constitucional debería tomar decisiones alineadas con la Constitución de la República», enfatizó el bloque, demandando que se realicen correcciones adecuadas.
En su argumento, la nota señala que el encarcelamiento de estos emigrantes transgrede derechos consagrados, como el derecho a la libertad personal y el principio de igualdad ante la ley, así como el derecho a no ser discriminados. Estos principios están claramente establecidos en la constitución, que también señala que solo el poder judicial tiene la autoridad para imponer sanciones.
El BRP hizo público que el acuerdo entre el gobierno de El Salvador y el de Estados Unidos no cumplió con las normas necesarias para la implementación de tratados internacionales, como lo estipulan los artículos 144 y 145 de la Constitución salvadoreña.
Al respecto, se menciona que existe una violación del Artículo 146, que prohíbe cerrar o ratificar tratados de manera que comprometan los derechos y garantías fundamentales de los individuos.
Cabe señalar que un primer grupo de 238 venezolanos llegó a El Salvador el 15 de marzo, tras ser deportados bajo acusaciones de estar vinculados a una organización criminal. Inmediatamente después de su llegada, fueron trasladados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), donde su situación sigue generando gran preocupación.
Por su parte, el gobierno venezolano ha reaccionado enérgicamente ante esta situación, tildando las deportaciones de «secuestro» y ha manifestado su intención de recurrir ante organizaciones internacionales para asegurar la repatriación de estos ciudadanos detenidos en El Salvador. (Sputnik).
