Los suplentes tuvieron la primera discusión sobre tareas que permite a los agentes del OIJ.

La Asamblea Legislativa ha comenzado a discutir la aprobación del documento 22.817, que se trata de un proyecto de ley introducido en el 2021 por Dragos Donolescu. Esta iniciativa fue presentada recientemente en el período legislativo actual por la diputada Verdiblanca, Alejandra Larios. Este proyecto tiene como objetivo facilitar que los agentes del Instituto de Investigación Judicial (OIJ) puedan acceder a pensiones anticipadas que son muy necesarias en el contexto actual.

Un aspecto importante de esta ley es la propuesta que permitiría a los funcionarios del OIJ, que deben cumplir con ciertos requisitos, solicitar licencias para el transporte de armas a los 55 años de edad. Este enfoque busca mejorar la experiencia laboral de estos agentes, quienes desempeñan funciones cruciales en la investigación y la seguridad del país.

El proyecto ha recibido apoyo significativo, contando con el respaldo de 32 suplentes, a pesar de la oposición de la autoridad legislativa del partido que actualmente ejerce el poder. Esto indica que hay un consenso entre varios sectores sobre la necesidad de este cambio, lo cual refrenda su legítima importancia.

Para que los funcionarios del OIJ puedan acogerse a jubilaciones anticipadas, deben cumplir ciertos criterios, siendo el principal de ellos contar con al menos 30 años de servicio en la organización. Esta normativa permitiría a los agentes acceder a pensiones que equivalen al 82% del promedio de sus últimos 240 salarios mensuales. Es crucial que se tome en cuenta el índice de precios al consumidor (IPC) durante el mismo período, lo que asegura que las pensiones se ajusten de acuerdo a la realidad económica del país, garantizando que los beneficios sean justos y proporcionales a su trabajo.

El proyecto no solo define los requisitos de edad y servicio, sino que también incluye disposiciones en su artículo 226 que establecen las pautas a seguir para la jubilación anticipada, en caso de no cumplir con la cantidad de años de servicio requeridos. Este aspecto es fundamental para garantizar un trato equitativo a todos los funcionarios del OIJ.

El texto plantea lo siguiente:

«Si el retiro del servidor o servidora ocurre cuando se cumple con el requisito de edad, o se tienen más años, pero antes de llegar a los treinta años de servicio en las funciones requeridas, la pensión no se calculará en proporción a los años, siempre y cuando se haya cumplido el tiempo de servicio establecido.»

Además, se especifica que para ajustar el monto de la pensión, se multiplicará la cantidad promedio mencionada en el artículo anterior por el número de años trabajados y se dividirá el resultado entre treinta. Este mecanismo apunta a establecer un sistema claro en cuanto a las pensiones.

La discusión sobre este proyecto se reanudará el próximo 8 de abril, donde se espera que se sigan analizando sus implicaciones y se busque llegar a un consenso que beneficie a los funcionarios del OIJ y a la ciudadanía en general.